CDMX: Un referente en la legalización del aborto y derechos reproductivos de las mujeres

La despenalización del aborto en la Ciudad de México (CDMX) es el resultado del activismo inalcanzable por parte de organizaciones feministas, defensoras de los derechos humanos y mujeres valientes que alzaron su voz para exigir respeto a su autonomía y para denunciar las graves consecuencias de la criminalización del aborto: muertes maternas evitables, especialmente entre mujeres de bajos recursos; embarazos forzados; y la criminalización de mujeres que buscaban interrumpir embarazos no deseados o que no podían llegar a término de forma saludable.

El 26 de abril de 2007, la Ciudad de México dio un paso trascendental al reformar su Código Penal y su Ley de Salud, permitiendo a las mujeres interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras doce semanas de gestación por su libre decisión. Esta legislación pionera convirtió a la capital mexicana en la primera entidad federativa del país en reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en las etapas iniciales del embarazo.

Antes de la reforma de 2007, el aborto en la CDMX estaba penalizado, con excepciones limitadas como peligro para la vida de la mujer o malformaciones graves del feto. Esta situación obligaba a miles de mujeres a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida, por lo que el clamor de abordar esta problemática desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos se hizo cada vez más fuerte.

La reforma de 2007 no estuvo exenta de controversia y enfrentó la oposición de grupos conservadores. Sin embargo, su implementación demostró ser un avance significativo en la protección de la salud y los derechos de las mujeres. Se crearon servicios de salud accesibles y seguros para la interrupción legal del embarazo (ILE), lo que contribuyó a disminuir los riesgos asociados a los abortos clandestinos.

Durante los años siguientes, la Ciudad de México se convirtió en un referente para otras entidades federativas y para países de América Latina que buscaban avanzar en la despenalización del aborto. La experiencia de la capital mexicana demostró que era posible implementar una política pública que garantizara el derecho al aborto seguro y legal sin las consecuencias negativas que predecían sus opositores. 

Aunque la reforma de 2007 fue un progreso, el límite de doce semanas seguía siendo un obstáculo para las mujeres que descubrían su embarazo en etapas más avanzadas o que enfrentaban situaciones complicadas. Por eso, la lucha por eliminar cualquier plazo para decidir sobre el embarazo continuó, basada en la idea de que la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo es un derecho básico que no debería tener límites de tiempo.

Finalmente, en noviembre de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen histórico que eliminó los artículos del Código Penal que penalizaban el aborto voluntario en cualquier etapa de la gestación, fundamentado en el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas y responsables sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida, reconociendo que obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado puede tener consecuencias devastadoras para su salud física y mental, su bienestar económico y su desarrollo personal.

Esta decisión consolidó a la CDMX como una de las ciudades con  leyes progresistas en materia de derechos reproductivos a nivel mundial, teniendo un impacto significativo en el resto de México, fortaleciendo el debate e impulsando avances en otros estados. Aunque en América Latina han avanzado en la materia, la situación es desigual, ya que en muchos países, el aborto sigue estando totalmente prohibido o permitido solo en circunstancias muy limitadas. 

La despenalización del aborto en la Ciudad de México, desde su primer paso en 2007 hasta la eliminación total de las restricciones en 2024, representa un hito fundamental en la historia de los derechos de las mujeres en nuestro país y en América Latina, dejando claro que no solo es un acto de justicia para las mujeres, sino también una medida de salud pública que contribuye a reducir la mortalidad materna y a proteger la dignidad y el bienestar de las personas. 

El legado de esta iniciativa es un llamado a seguir avanzando hacia sociedades más justas e igualitarias, donde todas las mujeres tengan la capacidad de decidir libremente sobre sus propios cuerpos y sus propios destinos. La despenalización total en la Ciudad de México envía un mensaje poderoso de esperanza y reafirma la urgencia de seguir luchando por la autonomía reproductiva de las mujeres.