Cuando la ideología conservadora de una ‘tradwife’ choca
con la realidad
Lauren Southern, una de las influentes de derecha más
conocidas durante el primer mandato de Donald Trump, se hizo viral por primera
vez con un video de 2015 titulado “Por qué no soy feminista”. Southern, que en
ese momento era una bella rubia de 19 años, argumentaba que las mujeres tienen
ventajas en muchos ámbitos de la vida, como las disputas por la custodia de los
hijos y el escape de las relaciones abusivas. “Las feministas están creando sin
querer un mundo de sexismo inverso del que no quiero formar parte”, dijo.
Pero resulta que ser antifeminista no es un escudo contra el
poder masculino abusivo. Las nuevas memorias autopublicadas de Southern, This
Is Not Real Life, son la historia de una ideología conservadora que choca con
la realidad. El libro ha sido noticia por su afirmación de que Andrew Tate, un
misógino irredento muy activo en internet acusado de trata de personas, la
agredió sexualmente en Rumania en 2018. (Tate lo negó). Sin embargo, el libro
es especialmente revelador por su descripción de los dolorosos intentos de
Southern de amoldarse al arquetipo de la tradwife (neologismo para esposa
tradicional), un esfuerzo que la llevó casi al suicidio. Su historia debería
servir de advertencia para las jóvenes que aspiran a la vida doméstica que ella
alguna vez evangelizó.
A pesar de la presencia de unas cuantas mujeres de alto
perfil en el gobierno de Donald Trump, la derecha está haciendo un esfuerzo
cada vez mayor para expulsar a las mujeres de la vida pública. Parte de este
esfuerzo proviene de los patriarcas descarados de la cúpula del Partido
Republicano; la semana pasada, el secretario de Defensa Pete Hegseth compartió
un video en el que dirigentes de su confesión cristiana decían que no se
debería permitir que las mujeres voten. (“Todo Cristo para Toda la Vida”, escribió
Hegseth).
Pero también hay mujeres influentes que presentan al ama de
casa como la máxima expresión de bienestar, una vía de escape del tedio sin
alma del mundo laboral. “Menos Prozac, más proteínas”, dijo la presentadora de
pódcast Alex Clark a miles de oyentes en una conferencia de mujeres
conservadoras celebrada en junio. “Menos agotamiento, más bebés, menos
feminismo, más feminidad”. (Clark no está casada ni tiene hijos).
Este tradicionalismo con tintes de Instagram está ganando
terreno en un momento en que el mundo laboral se está volviendo aún menos
favorable para las mujeres. Como informó The Washington Post el lunes, este año
un gran número de madres han abandonado la fuerza laboral. Muchas han sido
expulsadas por las órdenes de volver al trabajo presencial y por una reacción
contra las políticas de diversidad que ha derivado en entornos de trabajo
hostiles. Pero algunas, según el Post, “dicen que están felices de dejar sus
empleos, en consonancia con la cultura MAGA y el auge de la ‘esposa
tradicional’”.
Southern tenía más motivos que la mayoría para buscar
refugio en el culto a la domesticidad. Como relata en sus memorias, su video
antifeminista ayudó a impulsarla a la notoriedad internacional; no tardó en
comenzar un recorrido alrededor del mundo como símbolo de la reacción
irreverente en internet. Repartió volantes que decían “Alá es un Dios gay” en
un barrio musulmán de Inglaterra, popularizó la idea de que existe un genocidio
blanco en Sudáfrica y entrevistó al filósofo reaccionario Alexander Dugin en un
viaje a Moscú aparentemente organizado por intereses rusos misteriosos.
Fue durante esta etapa de su vida cuando dijo que fue
agredida por Tate, quien apenas comenzaba a construir su marca mundial. Su
ideología hizo que el trauma fuera especialmente difícil de procesar. “No sería
muy útil para ‘la causa’ (ni para mi carrera, dicho sea de paso) que me
convirtiera exactamente en lo que criticaba”, escribió Southern. “Una víctima”.
Tras su encuentro con Tate, escribió, su vida “se
desmoronó”. Ansiaba escapar de su propia infamia y de la necesidad de seguir
alimentando la insaciable voracidad del internet con más contenidos
escandalosos. Así, cuando conoció a un hombre que quiso sentar cabeza,
aprovechó la oportunidad para abandonar su carrera y convertirse en ama de casa
y madre. Publicó fotos suyas horneando y “selfis en el espejo mostrando lo
rápido que había recuperado la forma y la salud tras el embarazo”.
Pero en realidad, escribió, su vida era “un infierno”. Con
su marido, se había mudado de Canadá, donde había crecido, a Australia, donde
él había nacido y donde ella vivía en un aislamiento casi total. Su marido la
trataba con cada vez más desprecio, y ella respondía intentando ser aún mejor
esposa. “Me entregué diez veces más al intento de ser la pareja perfecta:
cocinando, limpiando, poniéndome vestidos y tacones para recibirlo en casa”,
escribió. No funcionó. Dijo que su esposo la reprendía, llegaba tarde por las
noches y la amenazaba constantemente con divorciarse si no lo obedecía.
Al final, escribió, cuando lo desafió viajando a Canadá para
visitar a su familia, él dijo que el matrimonio había terminado. Para ese
momento, dijo, ella le había entregado gran parte de sus ahorros. Ella y su
hijo tuvieron que mudarse con sus padres, y luego a una cabaña pequeña y barata
en el bosque. Estaba desamparada, llena de vergüenza y perdida
intelectualmente. Como dijo el año pasado a la periodista conservadora Mary
Harrington, la primera vez que habló públicamente de su experiencia con la vida
tradicional: “Mi cerebro se estaba rompiendo entre dos mundos, porque no podía
desprenderme de la ideología”.
El libro de Southern no es un intento de redención liberal.
Aunque afirma que ha perdido interés por la política, no renuncia a las
desagradables posturas nativistas que la ayudaron a construir su audiencia. No
se disculpa, por ejemplo, por haber intentado bloquear el paso a un barco que
rescataba inmigrantes que se ahogaban en el Mediterráneo. Pero aunque no es una
figura especialmente compasiva, eso podría hacer que su crítica a la cultura
tradicional sea más creíble, porque es difícil ver un interés profesional en un
libro que probablemente irritará a todos los bandos políticos.
Pareciera que cada pocas décadas Estados Unidos está
destinado a sufrir un nuevo episodio de pseudotradicionalismo, en el que se
anima a las mujeres a buscar refugio de un mundo brutal en las tareas
domésticas. La exaltación del ama de casa en la década de 1950 se produjo
después de que las mujeres fueron expulsadas de los empleos que tuvieron en la
época de la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1980, como escribió
Susan Faludi en su clásico Reacción, las mujeres fueron bombardeadas por los medios
de comunicación con mensajes que les decían que la verdadera libertad estaba en
el matrimonio y la maternidad. En 2003, The New York Times Magazine proclamó
“La revolución de la exclusión voluntaria” como parte de una ola mediática
sobre mujeres de élite que se retiraban de las carreras más ambiciosas.
Estoy segura de que algunas mujeres son felices cuando
renuncian a sus ambiciones para cuidar maridos e hijos. Sin embargo, a menudo
las mujeres que sucumben al repliegue de género terminan arrepintiéndose. Una
década después de “La revolución de la exclusión voluntaria”, un titular de
Times Magazine declaraba: “La generación de la exclusión voluntaria quiere
volver a ser incluida”.
En su libro de 2007 The Feminine Mistake, Leslie Bennetts
escribió: “No podría contar el número de mujeres que he entrevistado que
pensaban que podían depender de que un marido las mantuviera, pero que al final
se encontraron solas y sin preparación para cuidar de sí mismas. Y de sus
hijos”. Parece especialmente peligroso que una mujer ligue su destino a un
hombre que forma parte de una subcultura de internet obsesionada con la
sumisión femenina.
Desafortunadamente, las mujeres que más necesitan escuchar
este mensaje probablemente no harán caso a feministas de mediana edad. Tendrán
que esperar a que se refleje en sus propias vidas, o en las vidas editadas que
muestran en las pantallas.
https://www.nytimes.com/es/2025/08/13/espanol/opinion/feminismo-tradwife.html
Exigen organizaciones política integral contra la
violencia de género
A poco más de ocho meses de la extinción de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim),
“no hay una política integral que atienda las Alertas de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM) y garantice su continuidad”, señalaron agrupaciones
civiles que han sido peticionarias.
Para las organizaciones, la violencia feminicida no cesa en
el país y existe una falta de información y transparencia sobre el seguimiento
y las acciones para fortalecer al mecanismo, por ello, exigieron una política
integral de prevención, atención, sanción, reparación integral del daño y
erradicación de esta violencia, durante la conferencia La Conavim se extingue y
la violencia feminicida no cesa. La preocupación e incertidumbre invaden las
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres que esperan fortalecerse.
Este encuentro fue organizado por la Cátedra Unesco de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Red
Nacional de Alertistas y organizaciones solicitantes de Morelos.
Desde 2013 a la fecha hay 25 declaratorias de alerta de
violencia de género contra las mujeres, en 22 entidades federativas, abarcando
643 municipios. Adicionalmente, 10 solicitudes de alerta se encuentran en
proceso de declaración o no, y nueve solicitudes con la resolución de no
procedentes para su declaración, informó Marina Reina Aguilar, integrante de la
Coordinadora de la Red Nacional de Alertistas.
La Conavim -órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación-, desapareció el primero de enero de 2025, y sus atribuciones
recayeron en la Secretaría de la Mujer. Sin embargo, las organizaciones
indicaron que “no existe una claridad operativa ni jurídica sobre cómo y cuándo
lo realizará, menos aún su programación y planificación nada al respecto”.
Leticia Burgos, integrante de la Coordinadora Nacional de
Alertistas y de la Red Sonorense, precisó que el debilitado el combate a la
violencia estructural contra las mujeres se debe la falta de coordinación para
operar y dar continuidad a los grupos interinstitucionales y
multidisciplinarios (GIM), sumado a una desarticulación de los mecanismos de
seguimiento y el vacío en la política pública.
Animismo, informó sobre la eliminación del micrositio de la
Conavim, lo que obstaculiza el acceso a la información pública sobre las
alertas y el cumplimiento estatal y municipal, “profundizando la opacidad y la
impunidad”. Las organizaciones lamentaron que la desaparición de este órgano
implique la pérdida de bases de datos, metodologías, diagnósticos y redes de
colaboración construidas durante años.
Layda Sansores se ha aprovechado de las figuras violencia
política de género y daño moral: Jorge Luis González; "Ya se pasó",
dice
El periodista Jorge Luis González Valdez afirmó que hasta el
momento el medio Tribuna se ha negado a entregar el nombre y datos de la
persona responsable de las redes sociales del periódico para que éste se someta
al censor judicial, impuesto tras el fallo del juzgado segundo interino del
sistema de justicia penal acusatorio y oral del estado de esa entidad.
“No se les ha revelado porque también correría riesgos. Eso
es lo que hemos visualizado. Está un amparo en camino y nos lo deben de
conceder porque la resolución es totalmente inconstitucional”, expresó a EL
UNIVERSAL.
Menciona que hasta a su domicilio han ido a buscarlo en dos
ocasiones para notificarle los datos del censor que también le fue impuesto,
tras el fallo de una jueza. Sin embargo, también ha hecho caso omiso.
“No voy a permitir que alguien me siga a todas partes y que
controle lo que puedo o no decir. Esto es injusto, indebido e inconstitucional.
En el programa que grabo todos los viernes, tampoco lo permitiré porque ese
programa lo grabo en mi casa y no dejaré que ningún extraño acceda a ella”,
dice.
Asegura que la gobernadora del estado, Layda Sansores San
Román, se ha aprovechado de las figuras violencia política de género y daño
moral, para acallar cualquier cuestionamiento o crítica hacia su gobierno. “Ya
esta señora se pasó”, comenta el periodista de 71 años.
Comenta que a raíz de que salió el fallo en torno a que debía tener un censor, ha decidido salir de su casa solamente para lo más indispensable, para evitar cualquier eventualidad. “Me he inhibido, salgo muy poquito de la casa. Me la paso leyendo cuando debería hacer otra cosa, incluso visitar a mis amigos, pero no para que no haya algún problema con alguien”, expresa.
Paridad de género y elecciones judiciales: por qué no se
requieren nuevos ajustes
El TEPJF ha resuelto diversos asuntos trascendentes
relativos a la paridad de género en el contexto de las elecciones judiciales.
La Constitución establece que después de realizadas las
elecciones, el INE debe asignar los cargos judiciales alternadamente entre
mujeres y hombres.
En su momento, el INE emitió un acuerdo en el cual equilibró
el derecho a ser votado con el principio de paridad, con un sentido armonizador
(INE/CG65/2025).
En dicho acuerdo estableció que la asignación alternada
debía iniciar con las mujeres y, de este modo, se permitiera la posibilidad de
que hubiera más magistradas y juezas electas.
En su momento, el TEPJF consideró que ello era una acción
afirmativa justificada, dada la necesidad de revertir la histórica disparidad
en la integración de los órganos jurisdiccionales (SUP-JDC-1284/2025 y
acumulados).
En aquel asunto, también se reconoció que el INE cumplió con
el principio de certeza porque sus criterios establecieron reglas claras y
precisas acerca de cómo se aplicaría el principio de paridad.
Ahora bien, tras las elecciones, el INE emitió los acuerdos
relativos a la sumatoria nacional de la elección y la asignación de cargos en
el marco de la elección judicial. Frente a ello, en varios casos que
recientemente fueron sometidos a la consideración del TEPJF, diversas actoras
promovieron juicios de inconformidad en los que controvirtieron la asignación
de los cargos.
Señalaron que, con la asignación alternada, no se aplicaron
correctamente los criterios de paridad. En su opinión, las promoventes, al
haber obtenido una votación más elevada, tienen un “mejor derecho” frente al
candidato hombre que resultó ganador en cada caso, al haberse seguido la
estricta regla de asignación alternada. Voté en contra de los proyectos que
proponían modificar el acuerdo de alternancia del INE respecto a las elecciones
de magistraturas de circuito y de personas juzgadoras de distrito.
Es decir, mi posición fue favorable al confirmar dicho
acuerdo, el cual siguió la asignación de alternancia establecido por el propio
Instituto.
Consideré que no existía fundamento ni necesidad para
aplicar un ajuste adicional en materia de paridad de género en la asignación de
cargos judiciales, porque las reglas de dicha asignación no solo cumplieron con
su propósito de garantizar este principio, sino que incluso se superó el
objetivo de paridad de género.
Estuve a favor de mantener los criterios de asignación del
INE en materia de paridad que, en los hechos, dieron como resultado una
asignación mayoritaria de mujeres a los cargos de la elección judicial
(alrededor del 60%).
No consideré que fuera idóneo que el TEPJF implementara una
nueva acción afirmativa en materia de paridad. No se podía implementar una
acción afirmativa de manera posterior a los registros de candidaturas, después
de la campaña y de la jornada electoral.
Además, el TEPJF ya había validado el acuerdo de alternancia
y paridad previo a la jornada electoral, con reglas claras, precisas y
objetivas. Rechazarlo ahora va en contra del acuerdo, de la propia
Constitución, así como de la previa resolución del Tribunal.
En mi opinión, ahora correspondía garantizar el principio de certidumbre jurídica en las elecciones judiciales.
Todo lo anterior, sin
embargo, no nos impide pensar en modificaciones constitucionales de cara a la
siguiente elección, de 2027, que permitan maximizar de manera más idónea los
derechos de las poblaciones tradicionalmente excluidas.
Yasmín Esquivel propone respeto a paridad de género en
materia electoral
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó ante el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto en el que se
analizan diversas reformas al Código Electoral y a la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila.
Su propuesta aborda más de 15 temas en materia
político-electoral, entre los que se encuentran los requisitos de elegibilidad,
la vigencia de la inelegibilidad, el diseño de boletas electorales y, de forma
prioritaria, el fortalecimiento del principio de paridad de género.
Las propuestas de Yasmín Esquivel sobre paridad de género
En primer lugar, la Ministra propuso eliminar las
expresiones “infracción o declaración” e “infracciones o declaraciones
cometidas” del artículo 10, inciso h), del Código Electoral impugnado. Explicó
que, aunque es válido exigir que una persona no tenga sentencia penal firme por
delitos de violencia contra las mujeres para ser candidata, la norma de
Coahuila iba más allá de esa materia, al incluir infracciones administrativas,
lo cual contraviene la Constitución.
Después, el Pleno de la Corte sostuvo que es
inconstitucional fijar un plazo mínimo de tres años de inelegibilidad posterior
a una condena, ya que este periodo debe durar únicamente lo que determine la
sentencia penal. Asimismo, consideró inválido que la inelegibilidad pueda
derivar de registros administrativos como el Registro Nacional de Personas
Sancionadas por Violencia Política de Género, ya que la propia Constitución
únicamente exige una condena penal firme.
En cuanto a las medidas para fortalecer la paridad de
género, la propuesta de la Ministra Yasmín Esquivel avaló un sistema de
corrección que permite al Instituto Electoral de Coahuila hacer ajustes cuando
las mujeres queden subrepresentadas en el Congreso local. Incluso, validó que,
en la representación proporcional, si no se alcanza la paridad en las
diputaciones de mayoría relativa, las primeras asignaciones se hagan a partir
de las listas de mujeres. }
Asimismo, el proyecto de la Ministra Esquivel validó el
sistema de bloques poblacionales para las elecciones municipales, que busca
garantizar la alternancia y la paridad tanto horizontal como vertical; subrayó
que este mecanismo no limita la postulación de mujeres en municipios grandes
como Torreón y Saltillo.
Con esta propuesta, la Ministra Yasmín Esquivel busca que
las reformas electorales de Coahuila se ajusten a la Constitución y a los
estándares de igualdad sustantiva, garantizando que las mujeres puedan
participar en política en condiciones reales de equidad.
Igualdad de género Michelle Bachelet alerta sobre la
fragilidad en los avances de igualdad de género
Michelle Bachelet, expresidenta de Chile
(2006-2010/2014-2018), advirtió este martes que los avances en igualdad de
género “siguen siendo sumamente frágiles” y llamó a incorporar a más mujeres
con perspectiva de género en todos los espacios de poder.
Su llamado se dio en el cierre de la Séptima Conferencia de
la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), realizada en
el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, a la par del arranque de la
Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe.
En su intervención, la ex mandataria chilena sostuvo que
existen más mujeres en parlamentos y gabinetes, pero subrayó que la mitad del
planeta “sigue siendo calificada de minoría”, así como que hay retrocesos en
foros internacionales.
“Estos logros siguen siendo sumamente frágiles, persisten
barreras estructurales, la violencia política de género ha evolucionado
lamentablemente, especialmente en el ámbito digital y en muchos lugares
enfrentamos retrocesos alarmantes”, advirtió la también exalta comisionada de
la ONU para los DD.HH.
Según datos citados por Bachelet, solo en seis países las
mujeres ocupan la mitad de los escaños parlamentarios; únicamente nueve países
han alcanzado la paridad en gabinetes; el 87 % de las ministras está en
carteras de género o igualdad y menos del 15 % lidera áreas como agricultura,
energía, defensa o transporte.
La exjefa de Estado recordó su trayectoria para ilustrar la
persistencia de techos de cristal: “en Chile no había habido nunca una mujer
ministra de salud” y “yo fui la quinta ministra de defensa en la historia” de
Chile.
Michelle Bachelet agregó que “necesitamos más mujeres en
todos los espacios de poder”, porque no se puede “construir democracias
inclusivas y resilientes” al excluir a la mitad de la población y pidió no
conformarse con sumar mujeres sin enfoque feminista.
“No basta con incluir mujeres, porque hay mujeres que no
tienen perspectiva de género (…) Entonces, sí, queremos más mujeres, pero
tenemos que educarlas con perspectiva de género”, planteó Bachelet, al llamar a
iniciar esa formación desde la infancia y en las familias.
La exmandataria también insistió en transversalizar el
enfoque de género en todas las políticas y no cargar esa tarea a ministerios
pequeños.
La participación plena de las mujeres, sostuvo Bachelet, no
solo responde a justicia e igualdad, sino que “mejora la calidad de la
política, así como la toma de decisiones y fortalece nuestras democracias”.
Como ejemplo, la expresidenta destacó que durante la pandemia, países con mayor
presencia femenina tuvieron respuestas con enfoque de género frente al aumento
de la violencia intrafamiliar.
En el plano democrático, Bachelet advirtió los riesgos del
avance de fuerzas que erosionan instituciones y derechos, por lo que pidió
“cuidar y proteger” la democracia y lograr que se cumpla lo prometido a la
ciudadanía.
En ese marco, la exmandataria definió la lealtad como
sinónimo de verdad.
“La lealtad es que la persona que se dé cuenta de que las
políticas no están funcionando y me lo diga”, afirmó.
Al final, Michelle Bachelet convocó a fijar metas claras de
igualdad y a no retroceder, pues afirmó que la igualdad “es una meta
alcanzable”. “Porque nunca más aceptaremos un mundo sin nosotras”, concluyó.
ONU llama a reforzar derechos de las mujeres; “los
avances ganados en igualdad de género están bajo amenaza”, alerta
Sima Bahous, directora Ejecutiva de ONU Mujeres, lamentó que
haya regiones en el mundo donde los derechos de las mujeres siguen en riesgo,
incluso, derechos fundamentales, como decidir sobre sus cuerpos, en el contexto
de reformas que “echan décadas atrás” lo conseguido en la lucha feminista.
La representante de las Naciones Unidas participó en la
inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, que encabezó en Palacio Nacional la presidencia de México, Claudia
Sheinbaum Pardo.
“Hoy los avances duramente ganados en igualdad de género
están bajo amenaza. Hay un retroceso en los derechos de las mujeres basado en
el miedo y la misoginia que puede hacernos retroceder décadas. Los cuerpos y
las voces de las mujeres están bajo ataque, la violencia contra las mujeres y
el feminicidio siguen siendo una realidad”, destacó Bahous.
ONU Mujeres, a través de su representante internacional,
también destacó que “ninguno de los avances que hemos visto en los últimos 30
años hubiera sido posible sin el trabajo de las feministas, de las mujeres que
en toda sociedad siguen rompiendo el status quo”.
También exhortó a que, con miras hacia el 2030, el mundo
necesita sistemas multilaterales fuertes que apuesten por los derechos de las
mujeres. En ese sentido, agradeció al gobierno de México por impulsar la agenda
de cuidados e invertir bienes públicos en ello.
Falta de acceso al aborto seguro y gratuito eterniza la
desigualdad: activistas
Construir una sociedad del cuidado sin garantizar el derecho
a decidir sobre la reproducción es imposible, advirtieron activistas,
colectivos y defensoras de derechos humanos de diversos estados del país, en el
encuentro Tejiendo derechos: aborto y cuidados, realizado antes de la 16
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM).
“En un contexto donde las responsabilidades de cuidado
siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres y personas con
capacidad de gestar, la penalización del aborto y la falta de acceso a este
servicio esencial de salud impone maternidades forzadas y, con ello, una carga
de cuidados no elegida”, expuso Aidé García, directora de Católicas por el
Derecho a Decidir.
Las feministas expusieron que esa realidad perpetúa las
desigualdades de género y limita la autonomía de quienes se encuentran en mayor
vulnerabilidad.
“Hablar de cuidados sin referirse al aborto es incompleto.
Las decisiones reproductivas están atravesadas por las condiciones materiales,
sociales y emocionales que permiten o impiden cuidar y ser cuidada en
condiciones dignas”, refirió Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información
en Reproducción Elegida.
El acceso a la interrupción legal del embarazo de forma
segura y gratuita es condición imprescindible para ejercer los cuidados de
manera libre, elegida y acompañada. Sin este derecho garantizado, apuntaron,
las decisiones sobre cuándo y en qué circunstancias asumir una maternidad están
condicionadas por barreras estructurales, como falta de un sistema integral de
cuidados y redes y políticas efectivas en el tema.
Exigieron que los estados de la región, en particular el
mexicano, adopten compromisos concretos para avanzar a la despenalización total
del aborto y a construir sistemas integrales de cuidados que reconozcan esta
labor como derecho y una responsabilidad colectiva.
En el contexto del proceso Beijing+30 y la CRM, llamaron a
colocar la justicia reproductiva en el centro de las políticas públicas.
https://www.jornada.com.mx/2025/08/12/politica/005n3pol
Justicia reproductiva, clave para construir sociedad del
cuidado: colectivas
No es posible construir una sociedad del cuidado sin
garantizar el derecho a decidir sobre la reproducción, aseguraron más de 80
activistas, colectivas y defensoras de derechos humanos de diversos estados del
país, en el encuentro Tejiendo derechos: aborto y cuidados, realizado en la
Ciudad de México en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe.
“En un contexto donde las responsabilidades de cuidado
siguen recayendo de forma desproporcionadasobre las mujeres y personas con
capacidad de gestar, la penalización del aborto y la falta de acceso a este
servicio esencial de salud impone maternidades forzadas y, con ello, una carga
de cuidados no elegida”, expuso Aidé García, directora de Católicas por el
Derecho a Decidir (CDD).
Esta realidad perpetúa las desigualdades de género y limita
la autonomía de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“Hablar de cuidados sin hacerlo de aborto es incompleto. Las decisiones
reproductivas están atravesadas por las condiciones materiales, sociales y
emocionales que permiten o impiden cuidar y ser cuidada en condiciones dignas”,
refirió Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE).
El acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una
condición imprescindible para ejercer los cuidados de manera libre, elegida y
acompañada. Sin este derecho garantizado, las decisiones sobre cuándo y en qué
circunstancias asumir una maternidad se ven condicionadas por barreras
estructurales, como la falta de un sistema integral de cuidados, redes y
políticas efectivas de cuidado, subrayaron las activistas.
Desde los movimientos feministas, se exigió que los Estados
de la región, y en particular el Estado mexicano, adopten compromisos concretos
para avanzar hacia la despenalización total del aborto, y para construir
sistemas integrales de cuidados que reconozcan esta labor como un derecho y una
responsabilidad colectiva.
“Impulsar una
sociedad del cuidado con igualdad de género solo será posible si se garantiza
el derecho a decidir cuándo y en qué condiciones cuidar. Eso incluye, sin
excepción, el acceso pleno al aborto seguro ”, reiteraron.
Aprovechando el contexto del proceso Beijing+30 y la
Conferencia Regional, las colectivas, redes y organizaciones participantes del
encuentro llamaron a colocar la justicia reproductiva en el centro de las
políticas públicas y a construir un horizonte feminista donde los cuidados y el
derecho a decidir se reconozcan como dimensiones profundamente entrelazadas del
bienestar colectivo.
Juventud e inclusión: la democracia que México necesita
En un país que se presume democrático, la voz de la juventud
no puede ser un adorno ni una concesión simbólica. Su participación activa en
la vida pública es una condición indispensable para construir el México del
presente y del futuro. Y dentro de esa diversidad juvenil, las y los jóvenes de
los pueblos indígenas representan un pilar fundamental: son portadores de la
memoria, las tradiciones y los saberes que han sostenido la identidad nacional
por siglos, y al mismo tiempo, agentes de cambio capaces de llevar hasta las
tribunas más altas las demandas, propuestas y soluciones que nacen desde sus
comunidades.
En Mezquitic, Jalisco, vive Araceli, una joven wixárika que
desde muy pequeña ha visto cómo su comunidad lucha por preservar su lengua, su
cultura y su territorio. A los 19 años, decidió representar a su pueblo en un
encuentro juvenil estatal, llevando bajo el brazo un cuaderno lleno de
peticiones: becas para que sus compañeros no abandonen la escuela, programas
para proteger los manantiales que abastecen a las rancherías, y apoyo para que
las mujeres jóvenes puedan emprender sin tener que emigrar.
“Quiero que las niñas y los niños sepan que su voz también
cuenta y que pueden ser quienes cambien las cosas”, me contó Araceli cuando la
conocí. Ella sueña con llegar a un Congreso, no por ambición personal, sino
para que las decisiones que se tomen en las capitales incluyan la realidad de
la sierra y se traduzcan en oportunidades para su gente.
Cuando estas voces logran llegar a los espacios de decisión,
ya sea en el congreso local, federal, como regidores en los ayuntamientos, en
las comunidades y otras formas de participación, no solo se enriquecen las
políticas públicas con perspectivas plurales, sino que se fortalecen los
mecanismos que garantizan derechos largamente postergados: acceso a la
educación, protección de sus territorios, desarrollo sostenible y preservación
de su lengua y cultura.
En este contexto, preocupa profundamente la intención del
Poder Ejecutivo de eliminar las diputaciones plurinominales dentro de la nueva
reforma electoral que se cocina desde el centro del poder. Esta medida, lejos
de fortalecer la democracia, amenaza con mutilarla. Las diputaciones de
representación proporcional no son un lujo: son el puente que permite que
sectores históricamente marginados —incluyendo a la juventud indígena— tengan
presencia real en la toma de decisiones. Sin ellas, el mapa político corre el
riesgo de convertirse en un espejo distorsionado, donde solo se reflejen las
mayorías y se silencien las voces minoritarias que también son México.
La democracia no se defiende recortando la representación,
sino ampliando las vías para que todas y todos puedan participar. La juventud
indígena, con su energía, sus propuestas y su profundo compromiso con la tierra
y la comunidad, merece no solo ser escuchada, sino tener la capacidad efectiva
de incidir en las decisiones que determinarán su futuro. Limitar ese derecho es
dar un paso atrás en el camino hacia un país más justo, plural y verdaderamente
democrático.
https://quierotv.mx/2025/08/13/juventud-e-inclusion-la-democracia-que-mexico-necesita
Movimiento Ciudadano propone multas de hasta 35% del
valor comercial por venta anticipada de inmuebles
Movimiento Ciudadano presentó ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión una iniciativa para establecer sanciones de entre el
10% y el 35% del valor comercial de los desarrollos inmobiliarios, así como la
suspensión o clausura de obras, contra quienes realicen la venta anticipada e
ilegal de terrenos, lotes o unidades habitacionales sin contar con permisos ni
licencias.
La propuesta, argumentaron, busca frenar una práctica que
deja a miles de compradores sin certeza jurídica y provoca la pérdida de su
patrimonio, además de favorecer la proliferación de asentamientos irregulares
sin servicios básicos ni planeación urbana.
En México, los fraudes inmobiliarios por estas operaciones
han generado pérdidas estimadas en 600 millones de pesos al año, con más de
100,000 carpetas de investigación abiertas y un incremento de 20% en algunas
regiones durante 2024, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
(AMPI).
Tan solo en 2024, se identificaron más de 3 mil 800 casos,
el 70% de ellos concretados por medios digitales, siendo las ciudades más
afectadas Ciudad de México, Estado de México y su zona conurbada, Guadalajara,
Monterrey, Mérida y Guanajuato.
El grupo parlamentario, a través de la diputada Virginia
Reyes de la Torre, señaló que del total, el 75 por ciento de los fraudes
correspondió a arrendamiento y el 25 por ciento en la compraventa de inmuebles.
Planteó que la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano va a prohibir de forma expresa la promoción,
comercialización y venta anticipada de proyectos inmobiliarios sin contar con
la autorización, licencia o permiso administrativo correspondiente.
La legisladora expuso que esta práctica vulnera la seguridad
patrimonial, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable,
por lo que el Estado debe establecer mecanismos claros y eficaces para
prevenirla, controlarla y sancionarla.
La propuesta prevé mecanismos permanentes de colaboración
entre los tres órdenes de gobierno, intercambio de información, recepción de
denuncias ciudadanas, verificaciones conjuntas, capacitación y apoyo técnico,
así como la armonización legislativa local para aplicar la norma de manera
uniforme en todo el país.
También contempla plazos de 180 días para que autoridades
estatales y municipales adecuen su legislación y de 120 días para que la
autoridad federal diseñe programas de capacitación y asistencia técnica.
MC pide evitar la construcción de vivienda desmedida en
zonas de alto impacto en Jalisco
https://www.milenio.com/politica/movimiento-ciudadano-pide-evitar-construccion-desmedida-jalisco
Movimiento Ciudadano rechaza reforma al Poder Judicial de
Yucatán por considerarla “machista”
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local
manifestó su rechazo a la reforma al Poder Judicial del Estado, al calificarla
como una modificación “machista” que violenta la voluntad ciudadana y busca
impedir que la primera mujer elegida por voto popular asuma la presidencia del
Tribunal Superior de Justicia.
La representante ciudadana Larissa Acosta Escalante aseguró
que la propuesta “va más allá de los partidos y de la nefasta disque democracia
que oprime a quienes hoy están más oprimidos”. Según explicó, la reforma
permitiría que la magistrada electa con la mayor votación, Erika López Torres
—quien obtuvo 114 mil 107 sufragios—, decline al cargo de presidenta, pese a
que el reglamento original establece que el puesto lo ocupa quien logre más
votos.
Acosta cuestionó que no se incluya en el proyecto la
obligación de justificar cualquier renuncia o declinación, y advirtió sobre la
posibilidad de manipular el proceso para beneficiar a perfiles cuestionados,
como el magistrado electo Hernán Vega, acusado de lenocinio y trata de
personas.
La legisladora expresó su respaldo a Erika López Torres,
exhortándola a no ceder ante presiones políticas: “El pueblo que votó por ti,
por la mujer, por la abogada que sería la primera presidenta del Tribunal
Superior de Justicia elegida por voto popular, defenderá tu decisión de no
entregar el poder que el pueblo te dio”.
Niega Fedrha Suriano que Movimiento Ciudadano esté detrás
de Fuerza Obradorista
La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha
Suriano Corrales, rechazó que su partido esté detrás de Fuerza Obradorista,
organización que busca registrarse como partido político en Puebla. Lo anterior
luego de que el pasado 12 de agosto Luisa María Alcalde Luján, dirigente
nacional de Morena, aseguró que los militantes emecistas están vinculados con
este grupo.
En entrevista con El Sol de Puebla la legisladora expuso que
seguramente la morenista no tiene la información completa sobre quiénes son los
que están dentro de la agrupación referida, ya que “Movimiento Ciudadano ni en
Puebla ni a nivel nacional es palero de nadie”.
Por ello es que aseguró que los datos que le proporcionaron
a la dirigente no son verdaderos, incluso porque la información con la que
cuenta es que los integrantes de Fuerza Obradorista son ex militantes de
Morena.
Añadió que MC no está a favor de este grupo que busca ser
partido político, tan es así que el representante emecista en el Instituto
Electoral del Estado (IEE) señaló en su momento que no estaba de acuerdo con
que se le permitiera seguir con su intención de registro.
Suriano Corrales precisó que su partido está bien
consolidado y no necesita de hacer nuevas fuerzas políticas para poder competir
en las elecciones que se aproximan, ya que considera que tienen las
herramientas necesarias para dar pelea contra los otros institutos.
“Somos un grupo político que ha pasado durante muchos años
ya su conformación, nos hemos venido consolidando y me parece que no tenemos
necesidad de recurrir a ese tipo de estrategias (...) sí escuché ayer la nota
de la de la dirigente de Morena, pero la verdad es que me pareció que quizás le
hacía falta un poco más de información”, aseveró.
Por tanto, y ante esta declaración, la legisladora recalcó
que ni siquiera conoce a los integrantes de Fuerza Obradorista y no está a
favor de que busquen ser un partido cuando ya no están en tiempo de hacerlo.
“En algún momento tuvimos conocimiento sobre el tema y
vuelvo a repetir, nos hemos opuesto justamente a la creación de este partido
político. Y me parece que el tema de la dirigente, creo que quizás lo mal
informaron o le dieron una información errónea”, argumentó.
Es de mencionar que el pasado 12 de agosto en su visita a
Puebla, y a pregunta expresa de qué opina sobre la organización que busca
registrarse como partido político denominado Fuerza Obradorista, la dirigente
de Morena señaló que no es gente vinculada con los morenistas, sino más bien
con Movimiento Ciudadano, quienes buscan atraer a los “despistados”.
Morena y MC trabajarán en reforma integral contra fraudes
en Nuevo León
https://www.milenio.com/politica/morena-mc-trabajaran-reforma-integral-contra-fraudes-nuevo-leon
Denuncia MC omisión de autoridades federales en crisis
hídrica de Coahuila
Movimiento Ciudadano interpuso una denuncia formal ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) y el Organismo de Cuenca “Río Bravo” de la CONAGUA, por
considerar que omite su deber de preservar y restablecer el equilibrio hídrico
del acuífero Saltillo–Ramos Arizpe, en Coahuila.
El coordinador nacional de este instituto político, Jorge
Álvarez Máynez refirió que la denuncia señala que el acuífero enfrenta una
sobreexplotación severa, atribuida principalmente a empresas privadas.
Ante este escenario, explicó que Movimiento Ciudadano
incluye, entre las principales demandas, realizar inspecciones técnicas al
acuífero y revisar la legalidad de las concesiones; además de suspender,
cancelar o reducir concesiones a industrias de alto consumo.
El excandidato presidencial recordó que el acuífero
Saltillo-Ramos Arizpe es una esencial fuente de agua subterránea para las
ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe, crucial para el abastecimiento de la
región, ya que el 100% del agua que consume Saltillo proviene de fuentes
subterráneas.
“Datos oficiales de CONAGUA 2024 confirman un déficit anual
de -54.91 millones de m³, con 1,190 concesiones vigentes que agravan la
escasez”, señaló en un comunicado.
MÉXICO: SEDE DE LA XVI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Espiritualidad, redes sociales y la nueva cara del sexismo… INTERESANTE
