Sin discutirse en la cámara la violencia política de género

Que dirá la partidocracia que con su mayoría aplastó las posibilidades de las mexicanas de ir en 2018 a una contienda mayormente igualitaria, con el respaldo del Estado Mexicano, ante la coercitividad de la ley para hacer obligatorio prevenir, atender, y en su caso sancionar las conductas de violencia política de género.

El 9 de marzo el Senado comunicó que después de 4 años aprobaba por fin, reformas las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Previo a un trabajo legislativo de las diferentes fracciones parlamentarias, se definió la violencia política en razón de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.

En continuidad al proceso legislativo en el mismo mes de marzo, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su aval, y turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, sin embargo una vez más como en la LXII ganó la discrepancia, la falta de sororidad, de responsabilidad, de compromiso para con las Mexicanas, ya que aún, a pesar de ver los escenarios de Violencia Política que se viven en el País todos los días, no fue catalogada como prioridad para aprobarse la Minuta enviada por el Senado.