América Latina nos ha enseñado que es posible un Ingreso Vital

Con el objetivo de reforzar la propuesta de un ingreso mínimo vital de emergencia en México, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado y la red ciudadana Nosotrxs convocaron al foro virtual “Por un ingreso vital de emergencia: Perspectivas internacionales”, a fin de escuchar las experiencias de legisladores, legisladoras, activistas y autoridades de seis países latinoamericanos que ya cuentan con alguna medida económica como apoyo a millones de personas afectadas por la crisis económica, ocasionada por la pandemia del Covid-19.

La senadora Patricia Mercado, quien moderó el foro, explicó que la propuesta de ingreso mínimo vital es una medida de salud pública para evitar la propagación de la pandemia y el hambre. “Para las y los senadores ciudadanos y Nosotrxs, este es un espacio para enriquecer la iniciativa de ingreso vital y buscar más y mejores propuestas para hacer frente a la crisis de bienestar, sanitaria y económica por la que atravesamos a causa del coronavirus”, señaló.

El senador Dante Delgado, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló en la conclusión del foro que, frente a la crisis sanitaria y su consecuencia económica, es necesario impulsar un ingreso mínimo vital de emergencia que asegure la supervivencia de las familias. “En este foro nos han enseñado que es posible avanzar junto a las organizaciones civiles. El gobierno no puede pedir que lo ayuden a controlar la capacidad de respuesta en el sistema de sanidad, y al mismo tiempo, no respaldar esta iniciativa”.

En un mensaje de inauguración, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, aseguró estar dispuesto a deliberar y buscar soluciones con el Ejecutivo y la sociedad que ayuden a resolver la nueva realidad. “Me parece pertinente y me parece prudente que discutamos fórmulas que puedan unificar la política social o que puedan incorporar nuevos esquemas de política social frente a la pandemia”, dijo.

Asimismo, Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs, afirmó que, ante la inminente pérdida de empleos ocasionados por la pandemia, lo cual además ha agravado la situación de las personas que trabajan en el sector informal, es fundamental propiciar este tipo de encuentros. “No puede haber Estado de bienestar donde hay una cantidad tan grande de pobres, personas que no tienen nada qué comer”, indicó.

Posteriormente, el senador Clemente Castañeda, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, celebró la socialización de la propuesta que ha sido impulsada principalmente por la senadora Patricia Mercado e hizo un llamado urgente a aprobar el ingreso vital como un acto de justicia. “Es inexplicable que el Estado mexicano no haya implementado aún un programa para apoyar a quienes han perdido sus empleos por la pandemia”.

Cabe señalar que ante las inquietudes respecto a la obtención del dinero público para financiar una propuesta de esta naturaleza, el informe presentado por la CEPAL el pasado 6 de julio sobre la política fiscal documentó que México ha destinado el 1.1% del PIB en esfuerzos para enfrentar la pandemia, muy por debajo de la media latinoamericana. “El informe nos dice que el margen de maniobra que tiene México de su deuda pública para echar a andar por ejemplo políticas fiscales en apoyo más solidarias, más agresivas, también es uno de los más holgados de la región”, puntualizó el senador Clemente Castañeda.

Desde la experiencia de Costa Rica, la diputada Carolina Hidalgo Herrera, explicó que en su país la decisión no fue tan compleja debido a que existió un acuerdo político con las ocho bancadas del Congreso de Costa Rica. Tenían muy claro que adquirir deuda era necesario para proteger a las familias más perjudicadas durante los primeros tres meses de la pandemia.

Para el caso de Argentina, la senadora Norma Durango dijo que el coronavirus ha corrido el velo de la desigualdad, donde las mujeres son las más afectadas. Explicó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ayudó a mitigar las consecuencias para las personas del sector informal de la economía al tener un alcance nacional. La diputada Mónica Macha insistió en la necesidad de reconstruir una sociedad en términos psicológicos; ambas legisladoras argentinas coincidieron en la importancia de tener una visión de la crisis desde la transversalización de la perspectiva de género.

Ante esta situación, Mercedes D´Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de Argentina, explicó que debido a la rapidez con la que se implementó el IFE fue posible apoyar a más de 9 millones de personas; las mujeres fueron un indicador determinante para la construcción de este ingreso. A pesar de ser una medida de transferencia muy costosa, aseguró que gracias a ello lograron llegar a un sector de la población donde el Estado no había podido acceder y contuvieron el crecimiento de la indigencia en casi 5 millones de personas. 

Giorgio Jackson Drago, diputado de Chile, compartió que en su país las medidas fueron tardías y aunque dieron un bono de 50 mil pesos chilenos por familia, estos recursos no fueron suficientes. Por ello, manifestó que el objetivo de estas medidas debe ser complementar los ingresos, por lo que el criterio de suficiencia se vuelve fundamental.

En Colombia la situación no es muy distinta a México, el senador Iván Marulanda sostuvo que fue muy complicado impulsar en la iniciativa antes de la pandemia. Lograron tipificar y cuantificar a la población vulnerable que estaba confinada sin ingresos ni ahorros, la cual asciende a más de 9 millones de hogares. A pesar de que el gobierno colombiano creó un ingreso solidario de 40 dólares, solo llega al 2.8% de los hogares y es insuficiente, por lo que volverán a presentar en el Congreso un proyecto para que el gobierno provea una renta básica universal permanente.

Por lo anterior, el diputado de Colombia, David Racero Mayorca, añadió que la renta básica es una medida de justicia económica que debería ser obligatoria, ya que no solo lo ven como una apuesta para el Covid, sino que además podría propiciar la activación y distribución económica para dignificar a las personas a través de políticas tributarias progresivas.

Respecto a Uruguay, la senadora Carolina Cosse expuso que la propuesta de renta básica busca apoyar principalmente a los trabajadores informales y con la finalidad de contener el tejido social han planteado la suspensión de cobros de tarifas de agua y electricidad. Asimismo, el senador Daniel Olesker, señaló que fue posible dar una respuesta rápida al sector informal debido a que cuentan con una base de datos que mide el índice de carencia. “El objetivo es que nadie gane menos de un salario mínimo”, dijo.

Por último, el diputado Marcelo Aro y el senador Randolfe Rodrigues, legisladores de Brasil, expusieron que el gobierno brasileño propuso un “auxilio emergencial” de 200 reales, pero era insuficiente para quedarse en casa. Demostraron que era posible aumentar el monto a 500 reales sin poner en riesgo su economía, pero al lograr un acuerdo mayoritario en la Cámara incluso aumentaron el monto a 600 reales. En la actualidad 65 millones de personas han sido beneficiadas y aseguraron que buscan que este proyecto se convierta en una medida permanente.

Leandro Teodoro Ferreira, presidente de la Red Brasileña de Renta Básica, relató que para lograr que en Brasil se convirtiera en una realidad tuvieron que involucrarse 170 organizaciones de la sociedad civil y bases sindicales, quienes hicieron llegar la propuesta al Congreso. Por eso sugirió que en países como México será necesario que la sociedad civil continúe presionando a quienes corresponde en las localidades.

Con este foro concluye la serie de conversatorios realizados por el grupo parlamentario de Movimiento  Ciudadano sobre la necesidad y viabilidad del ingreso mínimo vital de emergencia.