De: Salvador Camarena / Fuente: El Financiero
La violenta muerte del alcalde de Pungarabato ha desatado una tormenta intestina. La clase política se revuelve sobre su eje. Ellos, que no han podido generar gobernabilidad y seguridad para los más, claman al cielo mediático urgiendo que haya medidas para atajar lo intolerable: que la violencia les alcance.
Que nos reciba urgente el secretario de Gobernación, tuitea la presidenta del partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales. Que se esclarezcan los asesinatos de alcaldes, se pronuncia el panista Ricardo Anaya, en boletín de un tono que quiere ser solemne. Condenamos categóricamente la violencia y daremos con los responsables, declama Miguel Ángel Osorio Chong…
Discursos y expresiones cuya vigencia difícilmente sobrevivirá ciclos mediáticos marcados por la era de los micromensajes.
Pero si una cosa positiva, una al menos, hubiera que destacar luego del fin de semana donde dos presidentes municipales fueron asesinados–uno por lo que a todas luces es el crimen organizado y otro a manos de una turba que se aprovecha de condiciones de ingobernabilidad en un estado con gobernante que no se puede quitar lo bisoño–, esa cosa es que algo parecido a la indignación que surgió entre la clase política, así fuera discursiva, ante esos homicidios.
En cambio, hay otras muertes que son doblemente silenciadas. Muertes, o mejor dicho, muertas que a la clase política no la llevan ni a poner un tuit, mucho menos a demandar del secretario Osorio una entrevista en calidad de urgente.
Muertes de muertas como las que han ocurrido en Guerrero en los últimos tiempos, entidad donde más se registran asesinatos de mujeres entre 15 y 30 años, según denunció hace un mes Cimac Noticias (http://bit.ly/2asW7SL)
Ante ese panorama, la Alianza Feminista del Estado de Guerrero demandó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) que decrete urgentemente la declaratoria de alerta de violencia de género para que se tomen medidas de seguridad, justicia y prevención.
Cimac Noticias consigna que de 2003 a 2015 se han registrado dos mil 744 asesinatos de mujeres en ocho municipios. “Es en el puerto de Acapulco donde se han registrado más homicidios de mujeres, y en ese orden le siguen Chilpancingo, Iguala, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla”.
Ante ello, y en conferencia de prensa del 13 de julio, la Alianza Feminista del Estado de Guerrero denunció que “la impunidad que prevalece en el estado de Guerrero ha incrementado la violencia contra las mujeres. Es preocupante que el gobierno no reconozca la gravedad del problema y asegure que los asesinatos de mujeres son crímenes pasionales y/o porque las mujeres están involucradas en grupos delincuenciales para omitir la aplicación del protocolo de investigación con perspectiva de género en todas la muertes violentas de mujeres”.
A los pocos días de dar a conocer eso, la Alianza Feminista del Estado de Guerrero informó que el gobierno federal recomendó al grupo de trabajo que revisa esos feminicidios no visitar dos de los ocho municipios señalados como más peligrosos para las mujeres. Por cuestiones de seguridad, ese colectivo deberá dejar de ir a “Tlapa y Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente, porque podrían sufrir algún atentado”. http://bit.ly/29N4DGs
Un Estado claudicante.
Si los políticos realmente han de abocarse a revisar las condiciones de inseguridad y de precariedad institucional que le costaron la vida al alcalde de Pungarabato, esa labor será insuficiente e inaceptable si carece de una visión integral, de un compromiso por también hacer justicia a esa muertas de Guerrero por las que nadie en los partidos dobla ni un tuit.
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