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- 7th of December 2024
La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar la prisión preventiva oficiosa a acusados de feminicidio, así como para ordenar medidas de protección cuando las víctimas de violencia sean niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores.
Con 392 votos, el pleno de la Cámara avaló un dictamen de la Comisión de Justicia, para evitar que personas imputadas por feminicidio lleven la primera parte del proceso en libertad.
La medida, expuso la comisión, se requiere ante la incidencia de esta clase de delitos y su desmedido aumento.
Si para el homicidio existe oficiosamente la prisión preventiva, con mayor razón para un delito que se comente en razón de odio, desprecio y discriminación por razón del género, porque además de afectar directamente a las mujeres genera un daño social irreversible al constatar patrones de conducta que pueden repetirse.
Para la Cámara se requiere tomar acciones legislativas que pongan a salvo a las mujeres y eviten tragedias, como el feminicidio, por lo que al incluirlo dentro de los delitos denominados de alto impacto se constituirá en una medida eficaz para prevenirlo, investigarlo y sancionarlo.
Asimismo, se aprobó una reforma al artículo 137 del mismo código, con objeto de ahondar en la protección de grupos vulnerables sometidos a violencia. La misma Comisión definió que la ejercida en contra de niños y adolescentes, a través del maltrato y abuso infantil, constituye un fenómeno social lacerante, delictivo y creciente, conductas que se presentan principalmente dentro de la familia.
De esta manera, se incluye en la modificación la obligatoriedad para el Ministerio Público, cuando conozca de la comisión de este delito, de brindar, desde el inicio de la investigación, toda la protección que requiera la víctima si llega a acreditarse que existe un riesgo para su integridad.
Esta medida se otorgará el tiempo que sea necesario, de acuerdo con los protocolos que se emitan. Las reformas se turnaron al Senado para su revisión.
Fuente: La Jornada
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez