11 de febrero de 2017. Las cifras sobre feminicidio nunca coinciden. Por más que hemos insistido que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) debe alimentarse de manera permanente y con datos fidedignos, las procuradurías de los estados no lo hacen. Esto se debe a dos cuestiones: a) A las autoridades estatales no les interesa reconocer los delitos de feminicidio en sus entidades. b) Son incapaces de reconocer a este delito como un ataque a las mujeres.
Es evidente que existe un desinterés por parte de muchos gobiernos para comprender que la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios son dos procesos que están estrechamente entrelazados y que deben atenderse de inmediato.
No cabe duda que quienes participan en el proceso de impartición de justicia, en su gran mayoría, no entienden que el feminicidio es un delito grave y no reconocerlo es parte de la cultura misógina y machista que impera en la sociedad.
Las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez fueron el parteaguas para reconocer que se requieren políticas públicas para que este delito se pueda sancionar y erradicar. Pero, ¿cómo hacerlo si no tenemos cifras certeras sobre dicho fenómeno, ya sea porque se ocultan o no se quieren reconocer?
Un botón de muestra es lo que está sucediendo Jalisco. Hasta hace algunos meses, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (Ijcf) ofrecía en su página web las cifras de las personas que habían fallecido en la entidad, y las desglosaba por “homicidios”, “suicidios” o “accidentes”. Ahora, esta diferenciación ya no se hace pública en la página web del instituto.
El director del Ijcf, Luis Octavio Cotero Bernal, reconoció que la dependencia que dirige dejó de establecer las causas penales de las personas fallecidas en Jalisco:
A mí me toca hacer dictámenes y nada más.
El propio titular del Ijcf evidenció que él y el fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, no tienen claro cuántos feminicidios ha habido en Jalisco. Además, aceptó que la diferencias entre las cifras de una institución y de otra han provocado conflictos entre ambos titulares:
La Fiscalía es la responsable de toda esa información [las causas penales en los fallecimientos]. Yo tuve confrontaciones con ellos. Por ejemplo, una vez me pidieron el tema de los feminicidios; yo dije el número y el fiscal respondió ‘¿por qué dijo que 300 si aquí nomás hay 190?’ [por eso] yo ya no doy información equivocada. Supuestamente ellos ya investigaron y llegaron a la conclusión de qué sí o qué no es feminicidio y se le da el número exacto y por eso yo ya evité confundir a la gente y dar información no correcta.
Desde 2007, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla al feminicidio como un delito y existe un protocolo para la investigacióndel mismo, ¿cómo es posible que, con todo ello, los peritos del Ijcf y la policía investigadora tengan dictámenes distintos?
El nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor en junio de 2016 no puede ser el pretexto para no publicar las cifras sobre feminicidio, ya que la ley obliga a los ejecutivos a alimentar el Banavim y mantenerlo actualizado. Además, la Ley de Transparencia y el principio de máxima publicidad son una obligación para que el Poder Ejecutivo, léase Fiscalía del Estado, ofrezcan dichas cifras.
Ocultar los datos de la violencia en contra de las mujeres y el número de feminicidios que sucede en Jalisco es también un delito: un delito por omisión.
Por: María Candelaria Ochoa Ávalos (@CandeOchoaA)
Fuente: proyectodiez.mx
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