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- 7th of December 2024
Ante el escenario que coloca a México como uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, la senadora Verónica Delgadillo propuso un punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Junta de Gobierno para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, a salvaguardar la integridad y derechos de aquellas personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
“En México te matan por defender el medio ambiente y esta, sin duda, es una muestra más de la descomposición social que estamos viviendo, pero también del clima de violencia que impera en nuestro país”, sostuvo.
Durante su participación, la legisladora recordó a los activistas Samir Flores, quien se opuso a la termoeléctrica del proyecto Integral Morelos; Raúl Hernández, defensor de la mariposa monarca; y la activista Nora López, defensora de la guacamaya roja en Chiapas, quienes fueron asesinados por defender los derechos del medio ambiente y cuyas muertes siguen impunes.
“¿Por qué desde el 2012 a la fecha se han cometido al menos 450 ataques a defensores y defensoras del medio ambiente? ¿Por qué en los últimos 12 meses se han asesinado a más de 11? Porque en México la impunidad puede más que la justicia”, señaló.
En dicho sentido, el punto de acuerdo tiene por objeto hacer un llamado a la Fiscalía General de la República para que aquellos delitos cometidos en contra de defensores de los derechos humanos ambientales sean esclarecidos, teniendo como prioridad su investigación, persecución y ejercicio de la acción penal como una prioridad nacional.
La legisladora señaló que ante la grave situación en donde los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran defendiendo su territorio y al medio ambiente están siendo vulnerados, es indispensable recordar la obligación y responsabilidad que tiene México como Estado de adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole para asegurar sus derechos y libertades.
Por lo anterior, hace también un exhorto al máximo órgano que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que la Junta de Gobierno implemente de manera urgente las medidas preventivas y de protección necesarias e indispensables para salvaguardar la integridad y derechos de aquellas personas defensoras de los derechos humanos ambientales.