La diputada Claudia Corichi García, de Movimiento Ciudadano, afirmó que México enfrenta una de las peores crisis en derechos humanos, a pesar de que cuenta con un vasto y moderno marco legal en la materia, al inaugurar el foro "Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México".
La diputada de MC indicó que ante la persistente violación a los derechos humanos, los tres niveles de gobierno, así como la sociedad civil, deben sensibilizarse y actuar contra la tortura y la violencia sexual.
Madeleine Penman, investigadora del secretariado internacional de AI, aseveró que en el informe que recientemente presentó sobre el tema, se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar en este periodo de sesiones, la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Agregó que también se hace un llamado al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a reforzar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Al presentar el informe, señaló que la tortura despuntó de 2003 a 2013, y el número de quejas ante la CNDH aumentó en más de 600 por ciento. En un solo año, hubo más de 12 mil quejas en todo el país por tortura o malos tratos.
El documento muestra la realidad de cien mujeres detenidas y entrevistadas entre 2015 y 2016, recluidas en centros penitenciarios, acusadas de delitos federales como delincuencia organizada, contra la salud y secuestro.
Detalló que durante el arresto, del total, 97 denunciaron que fueron víctimas de violencia física, 72 sexual y 33 de violación.
Mencionó que es frecuente que sean arrestadas en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes o cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones.
Un hallazgo es que las mujeres consideran la violencia sexual como algo normal. Además, las víctimas no tienen acceso a ginecólogos después de ser abusadas y las heridas pueden borrarse en una semana. "De los miles de denuncias de tortura realizadas desde 1991, sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal", comentó.
Pese al elevado número de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia sexual, incluida la tortura u otros malos tratos a manos de las fuerzas armadas, el Ejército informó a AI que no se había suspendido del servicio ni un solo soldado por estos delitos entre 2010 y 2015, mientras que, en la Marina, se suspendió a cuatro elementos durante ese mismo periodo.
Precisó que sólo un marino fue condenado por abusos sexuales, que fue dado de baja temporalmente, lo que permite reintegrarse a la corporación, una vez cumplida su pena en prisión.
Hasta el momento, recalcó, la PGR no ha publicado datos desglosados sobre víctimas de tortura. Esto ha tenido como efecto "rodear el problema con un velo de secretismo y ha impedido dar respuestas informadas con las que abordar la violencia contra las mujeres durante el arresto y la detención".
En la Policía y en las Fuerzas Armadas, agregó, se realizan cientos de sesiones de capacitación sobre género, violencia y derechos humanos, pero no parecen haber tenido un impacto apreciable a la hora de reducir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Amnistía Internacional recomendó al Congreso mexicano adoptar sin demora la Ley General Contra la Tortura, garantizando que incluya los siguientes elementos:
Penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a las normas internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Excluir de las actuaciones judiciales, todas las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan, excepto en contra de un posible perpetrador, como evidencia de que la tortura ocurrió.
Garantizar en la ley que, cuando se presenten pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos, el juez excluya dichas pruebas desde el principio e inicie una investigación dentro del juicio, con el fin de adoptar una decisión final, entre otras medidas.
Durante el foro diputadas de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática y del PRI se pronunciaron por impulsar un marco jurídico para abatir la tortura en contra de mujeres en México y castigar a los responsables, así como establecer mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, y la Procuraduría General de la República, para implementar mecanismos que frenen el abuso sexual.
Urgieron incluir la perspectiva de género en el marco jurídico contra la tortura.
Por: Patricia Torres
vía / El Sol de México
Nuevas Paternidades en México y el mundo
La paternidad equitativa
No te quedes callada
Cierre de actividades de Movimiento Ciudadano 2023
