Gobierno de Guerrero debe velar por los derechos políticos de las Mujeres

De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero a asumir su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres, garantizando la permanencia de las que ocupan algún cargo público, así como las prerrogativas inherentes al mismo.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO A ASUMIR SU COMPROMISO DE RECONOCER Y VELAR POR LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA DE LAS MUJERES QUE OCUPAN ALGÚN CARGO PÚBLICO ASÍ COMO LAS PRERROGATIVAS INHERENTES AL MISMO.

La suscrita, senadora Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

Consideraciones

Trabajar realidades implica visibilizar los fenómenos sociales que ocurren en lo cotidiano, sin que esto naturalice la violencia excedentaria que permea en nuestra sociedad.

Una realidad latente es la violencia desmesurada que se ejerce contra las mujeres, en el espacio público y privado. Empero en el espacio público la violencia se ha perfeccionado de manera que pretende normalizarse, en este sentido el pasado 12 de abril del año en curso presenté Iniciativa que tiene por objetivo poner en la picota pública la violencia política contra las mujeres, como un fenómeno que viven al acceder y ejercer sus derechos políticos, exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes que en torno al género se traducen en interseccionalidad reforzando comportamientos sociales y políticos discriminatorios que debilitan nuestra democracia.

Inicie mi intervención mencionando 11 de los múltiples casos de mujeres que han sido víctimas de esta modalidad de violencia, que desgraciadamente cobró la vida de una de ellas. Las experiencias de estas mujeres, van plagadas de constantes amenazas, calumnias, ataques y golpes, en el derrotero  por participar y acceder a un cargo público, por el hecho de ser “mujeres”.

Estas conductas por parte de sus congéneres, denotan el grado de atraso como sociedad, donde los prejuicios han sido el ingrediente esencial para el caldo de cultivo que ha impedido el desarrollo de nuestro país.

Recientemente, los casos de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, de Olga Gómez López, y Fabiola Vázquez Ortiz, Presidentas Municipales de Chanal y Tila, Chiapas; así como de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes han evidenciado la magnitud de este fenómeno que denota la pasividad y desinterés a una situación que cada día pone en riesgo la paz social, de un sistema de representación en crisis.

Otro caso se une a las estadísticas de violencia política, el de la C. Felicitas Muñiz Gómez, presidenta Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero.

En este sentido un grupo de personas que han acompañado a la presidenta, entregaron un oficio dirigido a los Diputados del Congreso del Guerrero expresando lo siguiente:

Hacemos público nuestro apoyo solidario con quien desde su campaña política ha sido víctima de manera reiterativa, de diversas formas de violencia por parte de particulares, de  autoridades y por omisión por parte de los órganos encargados de administrar justicia, privándola del  derecho a ambientes libres de discriminación y violencia, lo cual vulnera sus derechos político electorales en materia de violencia política  contra las mujeres y violenta también la voluntad ciudadana que le encomendó la representación constitucional, que de no atender de manera pronta y expedita, puede causar daños irreparables en su persona, de su familia y/o de la ciudadanía que la apoya, por los siguientes considerandos:

En el proceso electoral constitucional celebrado pasado 7 de junio del año 2015, la C. Felicitas Muñiz Gómez fue elegida por las y los ciudadanos del municipio de Mártir de Cuilapan, Presidenta Municipal Constitucional, por el periodo 2015-2018, ganando con una histórica mayoría.

Es del conocimiento público, que desde su registro, por el Partido Movimiento Ciudadano, la entonces candidata Felicitas Muñiz Gómez ha sido objeto de violencia política perpetrada de manera constante e ininterrumpida, por acción y omisión en diferentes grados de responsabilidad. Estos delitos han sido cometidos por un grupo de 30 personas dirigidas por los  ciudadanos Crisóforo Nava Barrios y el Síndico Procurador Benito Sánchez Ayala y las acciones de omisión por las autoridades estatales de Guerrero.

Durante la campaña constitucional de la cual resultó electa, fue víctima de descalificaciones públicas, burlas, insultos, quema de propaganda, amenazas, contra campaña y acoso cometidos por un grupo de hombres encabezados por Crisóforo Nava Barrios. Su triunfo enardeció  a los citados, quienes tomaron el ayuntamiento para evitar la toma de protesta de la presidenta electa y no conformes, el 29 de septiembre, cerraron los accesos a la cabecera municipal, para evitar la instalación del cabildo. Agrediendo con arma de fuego, arma blanca y piedras a los seguidores de la presidenta. La consigna del grupo citado fue: “no vamos a dejar que llegue esa pinche vieja” sin que ninguna autoridad le brindara apoyo para cumplir el mandato constitucional. Estos y otros actos, configuran violencia política, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación número 19, el convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, entre otros, por parte de personas, de autoridades y por omisión por parte de las autoridades.

La gravedad de la violencia política ha llegado al punto de que el grupo que encabeza Crisóforo y el Síndico Benito Sánchez Ayala, en alianza con un grupo de Zotoltitlán, comunidad que provee del agua a la cabecera municipal, cortan el suministro del vital líquido a la cabecera cuando quieren presionar a la Presidenta  Municipal, Felicitas Muñiz Gómez, para que les dé dinero, igual de grave, es la destrucción de la obra pública que la presidenta realiza, como lo es azolvar los pozos y descomponer las bombas con las que se extraía agua en la cabecera municipal.

En lonas que colocan en diversos puntos de la cabecera, denigran a la Presidenta Municipal y llaman al pueblo a agredirla. Existe por parte de estos personajes, una discriminación constante hacia su persona e imagen, amenazas a su integridad física y violación a sus derechos políticos.

Ante ello hicieron principal hincapié en:

A los Diputados, los urgimos a legislar en materia de la violencia política hacia las mujeres, como un delito grave, para que desde esa representación de la soberanía popular, tengamos un marco jurídico actualizado que enuncie claramente las penas a que se hacen acreedores quienes hasta hoy siguen violentando de manera impune los derechos humanos de las mujeres. “La violencia basada en el género es una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación en contra de las mujeres” –Belem do Pará-Corte Interamericana. Por lo que les reiteramos que la resolución del dictamen debe hacerse desde el marco de los derechos humanos, claramente sustanciados en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres.

Al C. Gobernador Héctor Astudillo Flores, lo instamos a tomar todas las medidas legislativas y de políticas públicas pertinentes, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres guerrerenses, con base en los instrumentos internacionales y  los compromisos  adquiridos por el estado mexicano, señalados en el Protocolo para atender la Violencia Política contra las mujeres, La Declaración de Belém do Pará, La Declaración  sobre Violencia Política contra las Mujeres, la CEDAW, El Consenso de Quito, El consenso de Brasilia, y a realizar todas las acciones necesarias para detener la violencia política cometida de manera continua contra la Presidenta FelícitasMuñíz Gómez.

En nuestro país los obstáculos que las mujeres tienen que librar para decidir participar en el ámbito político son diversos, no obstante, las mujeres que han llegado a los espacios de toma de decisión se han unido para promover mejores condiciones y abrir paso a las que vienen atrás de ellas, el logro de la paridad en el nivel constitucional fue fundamental, lo preocupante es el incremento de la violencia de género que trajo consigo ese avance, y vale la pena hacer hincapié en que se trata de un asunto de violencia de género, ya que, esta violencia hacia las mujeres es por ser mujeres y tiene un impacto que les afecta  desproporcionadamente [*]; esta violencia es claramente un acto de discriminación, que mantiene a las mujeres en situación de subordinación limitando su acceso a mejores oportunidades, educativas, laborales y de desarrollo para acceder a una mejor calidad de vida.

Convencida estoy que la presencia de las mujeres en espacios de toma de decisiones es indispensable para fortalecer nuestra democracia, ante esto me he pronunciado por generar reformas y alcanzar los consensos necesarios, que  hagan posible la representación equilibrada de mujeres y hombres como condición previa  del disfrute  pleno de la igualdad  ciudadana.

Fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Guerrero, a  asumir su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres, garantizando la permanencia de las mujeres que ocupan algún cargo público así como las prerrogativas inherentes al mismo.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Procurador de Justicia del Estado de Guerrero, a investigar la posible comisión de delitos en contra de la C. Felicitas Muñiz Gómez, y castigar a los presuntos responsables.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Guerrero a adoptar medidas legislativas con el fin de prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a un puesto de decisión por vía electoral o designación.

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 10 de Agosto  de 2016.

Vía / SENADODELAREPÚBLICA