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Justicia y perspectiva de género



En México es necesario impulsar el acceso a la justicia con perspectiva de género como política de Estado, que sea capaz de identificar -pero sobre todo- atender y transformar los factores estructurales que han perpetuado la discriminación, los prejuicios y los sesgos de género que limitan a las mujeres el acceso pleno a este derecho.

La perspectiva de género es una herramienta jurídica de aplicación obligatoria en nuestro país, que exige actuar en "clave de género" en todos los ámbitos del Estado, en especial en el acceso a la justicia para que sea un derecho al alcance de todas las personas y no un privilegio de sólo algunas.

La perspectiva de género un enfoque internacionalmente aceptado para lograr la igualdad

Los tribunales de justicia deben consolidarse como la primera línea de defensa y protección de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres, pues a través de sus sentencias se transforma tanto su vida, como la de las comunidades y se consolida el Estado democrático de derecho, como sucedió en las pasadas elecciones en la que muchos tribunales fueron los garantes del derecho a la paridad electoral.

Es por eso que es necesario que se adopten los más altos estándares internacionales para una adecuada impartición de justicia con perspectiva de género y derechos humanos.

Todas y todos estaremos de acuerdo en las dos herramientas básicas para lograr una sociedad igualitaria: la Educación como factor de crecimiento clave de una sociedad y la Justicia como factor de protección. Dos caminos complementarios y necesarios para una única meta: la defensa de los Derechos Humanos, especialmente los de las mujeres y  menores, y especialmente los de las mujeres y menores frente al machismo.

Juzgar con perspectiva de género permite transformar las prácticas de aplicación e interpretación del derecho y actuar de una manera global sobre el conflicto jurídico. Permite actuar sobre las personas, sobre los hechos y sobre la norma jurídica, aplicando una visión crítica de la realidad.

Es un método crítico de conocimiento de la norma jurídica, tanto sustantiva como procesal, así como de expresión en las resoluciones, desvinculado de estereotipos y roles discriminatorios universales, que evita contribuir a su perpetuación. Nos permite “ver” y nos impulsa a ser curiosos, testarudos y garantes de derechos, para reparar y dignificar a quién parte de una situación vital y social de desventaja frente a la desigualdad.