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- 29th of August 2025

Escándalo en Movimiento Ciudadano
MC impugna proceso de denominación de partido para Fuerza
Obradorista
El partido Movimiento Ciudadano (MC) impugnó ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los acuerdos que
permiten que la organización Fuerza Obradorista continué su proceso para buscar
la denominación partido político.
De acuerdo con el expediente SCM-JRC-27/2025, la impugnación
fue presentada por Christian Hernández Arellano, representante del partido ante
el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.
El documento expone que MC quiere impedir que Fuerza
Obradorista siga el proceso para obtener su denominación como partido político,
ya que busca sacar provecho de Morena, al tener relación.
Ante esto, la Sala Regional de la Ciudad de México recibió
el escrito a fin de darle contestación al partido político.
El 27 de julio la Sala Regional de la Ciudad de México del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al IEE poblano
permitir al grupo afín al expresidente Andrés Manuel López Obrador seguir con
el procedimiento.
Tres días después el Consejo General del IEE aprobó que la
organización Fuerza Obradorista continúe su proceso de registro para obtener la
denominación de partido político local.
Esto provocó críticas de partidos como MC y el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) que acusaron que la organización buscaba
sacar provecho con la imagen del expresidente López Obrador.
Aunque la líder de Morena a nivel nacional, Luisa María
Alcalde Lujan, señaló que los encargados de esta agrupación eran de Movimiento
Ciudadano, esto fue desmentido por la líder estatal del partido naranja, Fedhra
Suriano. (MCJ)
Es Sandra Pámanes nueva coordinadora de la bancada de MC
en Nuevo León
A dos meses de que Miguel Ángel Flores dejó la coordinación
para asumir la Secretaría General de Gobierno, la dirigencia estatal de
Movimiento Ciudadano designó este martes a Sandra Pámanes como la nueva
coordinadora del Grupo Legislativo Naranja en el Congreso de Nuevo León.
Cuando faltan seis días para que inicie el nuevo periodo,
Pámanes asumió la Coordinación, tras dos legislaturas en las que tuvo el papel
de vicecoordinadora de su grupo legislativo, donde impulsó temas
presupuestarios, contra la corrupción, en defensa de la mujer y de paridad
total.
Baltazar Martinez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano
anunció a Pámanes.
“Siempre avanzando y Movimiento Ciudadano ha avanzado, y
sobretodo esta bancada sabe dar a la ciudadanía lo mejor, por eso
afortunadamente nos hemos sabido distinguir en el Congreso y por eso también en
las calles ya se habla de que Movimiento Ciudadano es esa primera fuerza
política que puede hacer la transformación de Nuevo León a través del
Congreso”, dijo. En el evento se encuentra Miguel Flores, secretario general de
Gobierno, y Luis Donaldo Colosio, senador de Nuevo León.
¿Quién es Sandra Pámanes?
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
En el ámbito laboral, Pámanes fue jefa de Información y
Análisis Político de la Cámara Nacional de Comercio en Monterrey de 1992 a
1994. En dónde también fue directora.
Pámanes también fue integrante de otros partidos como el PAN
y Nueva Alianza.
Participó en la Administración del municipio de Monterrey y
estuvo a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento del 2012 al 2014, para después
ser nombrada jefa de Asesores de la presidenta municipal, Margarita Arellanes.
En el año 2021 recibió la invitación por parte del partido
Movimiento Ciudadano para postularse como diputada local por el sexto distrito
de Monterrey, cargo para el que fue electa para el periodo del 2021 al 2024.
Entre sus temas principales que ha impulsado están la
transparencia y rendición de cuentas, previsión y erradicación de la violencia
escolar y la lucha por la paridad y la defensa de los derechos de las mujeres;
durante este mismo periodo fungió como vicepresidenta Regional de la COPECOL
(Conferencia Permanente de Congresos Locales).
Así mismo, fue designada en julio del 2023 como vocera del
Partido a nivel Estatal.
Pámanes es Coordinadora Estatal de Mujeres en Movimiento,
cargos que continúa desempeñando actualmente.
Es integrante del Colectivo RED PARIDAD y AÚNA, organismos
feministas en donde participa de manera permanente en la defensa de los
derechos de las mujeres.
https://www.milenio.com/politica/sandra-pamanes-coordinadora-bancada-mc-nl
Movimiento Ciudadano confirma la adhesión del expriista
Néstor Camarillo a su bancada en el Senado
Luego de que senador Néstor Camarillo renunció a su
militancia del PRI, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC),
Clemente Castañeda, informó que el senador poblano se adhiere a su bancada.
En conferencia en el Antiguo Senado de la República, el
coordinador emecista resaltó la valentía del senador y afirmó que existen
muchas coincidencias y afinidades de carácter político.
“Hoy queremos hacer de su conocimiento que le hemos hecho
una invitación al senador Néstor Camarillo para que se incorpore al grupo
parlamentario de Movimiento Ciudadano y afortunadamente ha aceptado esa
invitación. Así es que nos da mucho gusto anunciar que el senador Néstor
Camarillo será, a partir del día de hoy, integrante de nuestra bancada.
“Reconocemos la valentía del senador Néstor Camarillo para
dar un paso hacia Movimiento Ciudadano y debo decirles que además con el
senador Camarillo hay muchas coincidencias programáticas y por supuesto muchas
afinidades de carácter político. Es un hombre que ha demostrado un trabajo
incansable no solo por México sino por su estado natal, por Puebla”, explicó.
Por su parte, el nuevo senador emecista Néstor Camarillo
afirmó que, como el águila, renueva su plumaje para seguir volando alto.
Resaltó que Movimiento Ciudadano abraza las causas ciudadanas, que pone al
centro de sus decisiones a la gente y que donde el partido emecista gobierna
vive mejor, por lo que demuestra que un México nuevo es posible.
“La política se honra con trabajo, no con rumores, así como
el águila renueva su plumaje para seguir volando alto, un político necesita
renovar sus ideas, sus formas de comunicar y su cercanía con la gente para no
quedar atrapado en el pasado. Hoy, esa águila está en movimiento, en movimiento
naranja, como les dije el lunes pasado, que fue justo el día naranja, el 25 de
este mes.
“Yo creo en los ciclos y como un demócrata, hoy inicio uno
nuevo. Estoy aquí para evolucionar, para crecer, para volar. Este es un
movimiento que abraza las causas ciudadanas, que pone al centro de sus
decisiones a la gente y demuestra con acciones, por ejemplo, la ley Silla y los
12 días de vacaciones solo por dar un ejemplo. Donde gobierna Movimiento
Ciudadano la gente vive mejor. Aquí sí demostramos que un México nuevo es
posible”, enfatizó.
Con este movimiento político, MC queda con seis senadores y
el PRI se queda con 13 legisladores con lo que pierde la vicepresidencia de la
Cámara Alta cediéndosela al PVEM que tiene 14 senadores.
Septiembre: ¿pluralidad o aplanadora?
La visita de Ricardo Monreal a Jalisco es cualquier cosa
menos casual. Es un abanicazo para marcar la agenda y alinear a las y los
legisladores de Morena —federales, locales y operadores territoriales— rumbo al
periodo que iniciará el 1 de septiembre. Mire usted: se trata de fijar el tono
con el que empujarán su paquete de cambios, entre ellos la reforma electoral
que pretende eliminar las diputaciones plurinominales. En Jalisco, eso nos
obliga a una pregunta frontal: si borran los “pluris”, ¿con qué cartas se queda
nuestro Estado para equilibrar la cancha y asegurar que sus voces —todas— estén
en la mesa nacional?
Quienes hoy promueven desaparecer a las y los plurinominales
olvidan algo esencial: Morena necesita justamente de esos escaños para sostener
mayorías, planchar agendas y mantener control legislativo. Eso es desde lo
técnico, pero lo más grave es lo democrático, porque eliminar la participación
plurinominal es borrar las voces y la representación de diversos sectores que
deben estar en la toma de decisiones del país.
Es paradójico y contradictorio presentar la supresión de
pluris como una cruzada contra privilegios, cuando han sido la vía que les
permitió traducir votos en poder territorial y también en las Cámaras y
congresos estatales. Monreal está aceitando la aplanadora para eliminar ese
mecanismo que acabaría con la pluralidad y silenciará a quienes coindicen con
ellos.
El 1 de septiembre arranca el periodo ordinario del
Congreso, y con esto viene el tramo más político del año. Ahí se sacará la
“carnita” legislativa y se pactarán los cambios estructurales que definen el
curso del país con reformas de gran calado. A esa jornada se suma el Primer
Informe de Gobierno de la presidenta, con su narrativa de resultados y el
entrelineado que tendremos que leer para conocer las prioridades de 2026 y el
presupuesto que deberá cubrir esos impostergables.
No es la única coyuntura. Septiembre también inaugurará una
etapa inédita en el Poder Judicial, con el relevo de integrantes de la Suprema
Corte bajo el nuevo modelo surgido de la reforma judicial. Más allá de
posturas, el hecho obliga a reforzar contrapesos en el Legislativo: si
cambiamos la balanza en la Corte, el Congreso no puede desfondarse de
pluralidad sin pagar un precio democrático, ahí es donde quienes integramos la
LXVI podemos hacer la diferencia.
En el caso de Jalisco, debemos señalar con toda claridad que
perder las posiciones plurinominales es una moneda al aire para los propios
morenistas. Nuestro Estado ha sido motor económico, cultural y de innovación.
Pero en la política nacional, el peso real se mide en sillas, en micrófonos y
en votos efectivos a la hora de decidir el presupuesto, las reformas y la
supervisión del Ejecutivo. Las diputaciones plurinominales, con todos sus
defectos, han servido como válvula para que las minorías políticas —las que no
ganan distritos, pero sí votos— tengan representación. Sustituirlas por un
esquema de “el que gana, arrasa” no sería redituable y dejaría grandes piedras
en el camino. Perderíamos manos para defender carreteras, hospitales,
universidades, seguridad y recursos metropolitanos que son tan necesarios.
Seamos claros: no hay mayorías absolutas ni minorías
eternas. Quien hoy presume poder podría necesitar mañana las reglas que hoy
intenta romper. Por eso, desde Movimiento Ciudadano insistiremos en tres
principios: 1) Representación plural e incluyente , para que la voz de México
—y la de Jalisco— no se reduzca a un puñado de dirigentes; 2) Competencia
limpia con reglas claras y candados contra el “chapulineo” de listas y 3)
Rendición de cuentas real : listas abiertas, financiamiento transparente y
sanciones a los partidos que usen las pluris como botín, no como
representación. Si el problema es el abuso, se corrige con claridad, no con
tijera.
Otro tema que está a la vuelta de la esquina es la
presentación de los informes de presidentas y presidentes municipales así como
de las diputaciones que cumplen su primer año. Es la oportunidad para que la
ciudadanía evalúe con lupa: ¿Quién hizo su trabajo? ¿Dónde están los resultados
y cómo impactan en la vida diaria? Que el mes más político del año —con el
orgullo de nuestra Independencia— no termine empañado por una aplanadora que
legitime el recorte de voces. La democracia no se mide por la velocidad para
aprobar reformas, sino por la calidad de las reglas que garantizan que todas y
todos cuenten.
En este contexto, la gira de Monreal es un ensayo general de
disciplina interna que me recuerda el método priísta. Hasta ahí, legítimo
porque orden es trascendencia. Lo que no es legítimo es disfrazar de
“austeridad” una poda de representación que dejaría fuera a millones que no
coinciden con la fuerza gobernante. Si se quiere discutir la reforma electoral,
discutámosla con honestidad: ¿Cómo garantizamos que los votos de Jalisco se
traduzcan en sillas proporcionales, que haya contrapesos y que el Congreso refleje
a la sociedad y no a los aparatos partidistas? La respuesta no está en
suprimir, sino en mejorar: reglas de sobrerrepresentación estrictas, listas
desbloqueadas, fiscalización de preselecciones y una autoridad electoral que
mantenga autonomía real.
El 1 de septiembre nos va a exigir temple y argumentos.
Tendremos Informe presidencial, arranque de periodo, reacomodo judicial y una
discusión electoral que puede marcar un antes y un después. Desde esta voz, la
de Movimiento Ciudadano, daremos el debate con altura: defenderemos que Jalisco
no pierda cartas; que la pluralidad no se negocie; que la representación sea un
derecho ciudadano, no una concesión del partido en turno. Porque la democracia
se honra cuando las reglas no se escriben para hoy, sino para los mañanas que
vendrán.
Y si algo nos enseña septiembre, es esto: las patrias chicas
que son los barrios, municipios y los estados, necesitan un Congreso que
escuche, equilibre y acuerde. Que no haya territorios olvidados ni ciudadanías
huérfanas de voz. Jalisco no pide privilegios; exige piso parejo. Ahí nos van a
encontrar.
https://quierotv.mx/2025/08/27/septiembre-pluralidad-o-aplanadora
Las doctoras, las otras afectadas por la penalización del
aborto
La Suprema Corte ha determinado que la penalización del
aborto constituye una carga desproporcionada que no atiende al interés social,
por lo cual cualquier restricción impuesta al trabajo de las doctoras que
intervengan en el procedimiento no será justificable ni acorde a los derechos
humanos.
En 8 entidades la interrupción del embarazo continúa siendo
penalizada y sólo es permitida por algunas causales. Lo anterior no sólo deja a
las personas gestantes en un evidente estado de desprotección, sino que también
afecta a un sector menos mencionado: las doctoras. Ello, pues el delito de
aborto vulnera el secreto profesional, afecta su libertad de trabajo y
discrimina a las doctoras que no sean objetoras de consciencia.
En 2008, la Suprema Corte resolvió que el entonces Distrito
Federal tenía facultades para legislar respecto de la despenalización del
aborto. Tiempo después, en 2021, la Corte declaró la invalidez del artículo 196
del Código Penal de Coahuila, por vulnerar los derechos reproductivos de las
personas gestantes al criminalizar el aborto. Finalmente, para 2023, la Corte
declaró inconstitucional el apartado del Código Penal Federal que criminaliza
el aborto y ordenó al Congreso de la Unión legislar para eliminar el delito de
aborto del CPF, lo cual no ha sucedido.
La Corte también declaró la inconstitucionalidad de los
delitos que sancionan al personal médico que practica aborto, por lo cual,
conviene analizar cómo la vigencia de este tipo penal vulnera una serie de
derechos que afectan de manera injustificada al personal de salud que
interviene en estos procesos.
El secreto profesional y el delito de aborto
El derecho al secreto profesional es fundamental en la
relación médico-paciente. Implica que el personal médico no puede divulgar
información que haya obtenido en el trato con su paciente sin su autorización.
En ese sentido, el secreto profesional protege la dignidad, privacidad y
autonomía tanto de los pacientes como de los médicos al establecer una
obligación de confidencialidad entre ambos. Cabe mencionar, que la violación a
este derecho es también un delito previsto en los Códigos Penales que sancionan
el aborto.
Ahora bien, supongamos que Bianca es doctora en Morelos, no
es objetora de conciencia y recientemente atendió a una paciente que quiere
interrumpir su embarazo. Bianca siempre ha protegido la privacidad de sus
pacientes y considera que su deber ético es acompañar a su paciente en el
proceso de aborto. Sin embargo, sabe que en su entidad el aborto es delito y
que podría ir a prisión por ayudar a su paciente. Así, Bianca se ve obligada a
decidir si ayudar a su paciente y enfrentar las consecuencias legales o violar
el secreto profesional. Por lo tanto, enfrenta una situación en el cual, sin
importar la decisión que tome, incurrirá en un delito por el simple ejercicio
de su profesión.
La libertad de trabajo vulnerada por la penalización del
aborto
El delito de aborto también afecta el derecho a la libertad
de trabajo reconocido en el artículo 5º constitucional. Esta libertad otorga la
posibilidad a toda persona de dedicarse a la profesión o trabajo que mejor le
convenga sin restricción alguna más que aquellas que establezca la ley, siempre
que no se afecte a terceros.
La libertad de trabajo puede limitarse por razones de
interés social u orden público, siempre y cuando no se imponga una carga
desproporcionada sobre quienes ejercen la profesión. En ese sentido, la Suprema
Corte ha determinado que la penalización del aborto constituye precisamente una
carga desproporcionada que no atiende al interés social, por lo cual, cualquier
restricción impuesta al trabajo de las doctoras que intervengan en el
procedimiento, no será justificable ni acorde a los derechos humanos.
No obstante, si regresamos al ejemplo de Bianca, se podrá
observar que, a pesar de dedicarse a una actividad lícita que no afecta a
terceros, no puede ejercer su profesión con libertad. Si decide practicar un
aborto, ejerciendo así su derecho a la libertad de trabajo, se enfrentará a
consecuencias penales, incluso cuando la Corte ya determinó la
inconstitucionalidad del delito de aborto. Así, Bianca percibe una
contradicción a sus derechos quedando en un estado de incertidumbre respecto
cómo debe actuar.
La discriminación que sufren las doctoras no objetoras de
conciencia
Los Códigos Penales que sancionan al personal médico que
practica un aborto atentan también contra el derecho a la igualdad y no
discriminación.
En principio, la igualdad otorga la seguridad a todas las
personas de no sufrir un menoscabo o desventaja desigual e injustificada. Por
su parte, el derecho a la no discriminación garantiza que las personas sean
tratadas de la misma forma, gozando de los mismos derechos y de la igualdad de
oportunidades.
No obstante, con la penalización del aborto se estigmatiza a
aquellas doctoras que deciden practicarlo, criminalizándolas por una práctica
que forma parte del ejercicio de su profesión y de los servicios de salud que
brinda. Ello, a pesar de que el aborto es un derecho humano ya reconocido y
delimitado por la Suprema Corte, el cual se relaciona con múltiples derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
Para retratar la situación anterior pensemos en Bianca,
quien al ser de las pocas doctoras no objetoras de conciencia en su entidad,
sufre continua discriminación en su comunidad. Es objeto de críticas e
insultos, le han prohibido la entrada a la iglesia a la que ha acudido por
años, ha recibido amenazas en su lugar de trabajo y ya no se siente segura
caminando por las calles. Así, Bianca sufre un menoscabo por el simple
ejercicio de su profesión.
Como Bianca, existen múltiples doctoras cuyos derechos se
ven vulnerados por la penalización del aborto, la cual hace años fue declarada
inconstitucional, pero que, al día de hoy, sigue criminalizando a los sectores
más vulnerables de la sociedad. Así, el tipo penal viola toda una serie de
derechos humanos, cuyo efectivo ejercicio nos incumbe a todos. En ese sentido,
conviene reevaluar el delito de aborto en las entidades en que aún se penaliza,
a fin de cuestionarnos si su vigencia es necesaria, idónea y proporcional a los
fines legítimos de nuestra sociedad.
* Camila Guerra Camacho es abogada junior en Di-Sentir, A.
C.
CEAV incumple orden judicial y niega reparación a víctima
que no pudo acceder a aborto por violencia sexual en Chihuahua
Con el argumento de que solo la instancia local es
competente para la reparación del daño, la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) interpuso un recurso de revisión para no cumplir con la
reparación del daño, que ordenó una jueza, a una adolescente a la que le fue
negada la interrupción de un embarazo producto de violencia sexual, como era su
derecho según la NOM-046 en México.
En la sentencia derivada del juicio de amparo
734/2025-III-2, la jueza tercera de distrito en el estado de Chihuahua, Jessica
María Contreras Martínez, le dio la razón a la adolescente y le comunicó que
las autoridades de servicios de salud de Chihuahua debieron actuar de manera
urgente para darle la atención médica de aborto.
“Ninguna mujer, niña o adolescente tiene que soportar las
consecuencias de un delito tan grave como la violación. Por eso, ordené que el
daño que sufriste sea reparado de manera integral para que recuperes tu
dignidad, tu salud, tu tranquilidad y tu felicidad”, señala la juzgadora en la
versión de lectura fácil.
En tanto, en el documento ampliado establece que al
acreditarse la violación grave de derechos humanos en contra de ella, la CEAV y
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, en sus
respectivos ámbitos de competencia, debían conceder las medidas de reparación
integral del daño, tanto de rehabilitación y compensación, como de satisfacción
y no repetición, de acuerdo con las leyes generales y locales en la materia.
Sin embargo, el 18 de julio pasado, en respuesta a la
sentencia que fue emitida el 27 de junio, la CEAV interpuso el recurso de
revisión CEAV/DGAJ/3391/2025, en el que sostiene que la dependencia fue
vinculada a su cumplimiento de forma ilegal: “…la autoridad recurrente no fue
parte en el juicio de amparo indirecto, porque no intervino como autoridad
responsable, ni tampoco figuró como demandada en el juicio de origen”, excusa.
“Es una revictimización tremenda”
Laura Dorado, de la Red Aborto Seguro Chihuahua, que ha
acompañado el caso junto con AbortistasMX y México Igualitario Derribando las
Barreras AC, señala que se trata de un acto contrario a los principios de la
CEAV, así como a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, y que viola
nuevamente los derechos humanos de la víctima, además de retrasar el proceso.
“Resulta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
federal lejos de ayudar, de orientar, de acercarse para tratar de hacer su
trabajo, que es la protección a la víctima, interpone un recurso; de verdad es
indignante que quien debe proteger a las víctimas interponga un recurso contra
la sentencia dictada”, reclama Dorado en entrevista.
Aunque la acción no controvierte la inconstitucionalidad ni
la legalidad de los actos reclamados –aclara–, sí va en contra de los efectos
de la sentencia. Además, los argumentos de la CEAV, acusa, no están
actualizados, pues desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se
han emitido sentencias que establecen que tanto la CEAV como las comisiones
estatales están obligadas a reparar los daños a las víctimas de forma conjunta.
“Lejos de ayudar a la víctima, están retrasando el proceso y
están evitando hacer su trabajo. Es una revictimización tremenda en contra de
esta menor sobreviviente de violencia sexual”, apunta la activista. Además, lo
establecido por la jueza no es más que lo estipulado por la ley federal, que
tiene la finalidad, precisamente, de proteger los derechos de las víctimas y
facilitarles el acceso a la reparación del daño, mientras que la CEAV en
realidad lo está obstaculizando.
“(La Comisión) sí tiene legitimación para cuestionar que se
le vincule al cumplimiento tendiente a reparar el acto declarado
inconstitucional, por afirmar que no le corresponde a ella tal ejecución, lo
cual le genera un perjuicio jurídico y económico; por tanto la hoy recurrente
pretende, en esencia, que se le deje de tener con el carácter de autoridad
vinculada al cumplimiento del fallo protector”, argumenta la dependencia en el
recurso presentado.
Incluso va más allá y sostiene que “resulta procedente la
interposición del presente recurso de revisión, pues al final los efectos del
fallo protector que la vinculan no resultan favorables a los intereses de esta
autoridad”, luego de describir que las acciones a las que se opone son conceder
medidas de reparación integral del daño –de rehabilitación, compensación,
satisfacción y no repetición–, reconocer como víctima a la adolescente y
registrarla en el Registro Nacional de Víctimas.
“Esta postura de la CEAV nos resulta preocupante porque una
de las obligaciones de la institución es otorgar medidas de reparación integral
del daño, medidas de rehabilitación, compensación, de satisfacción y no
repetición establecidas en las leyes. Su papel crucial es proteger los derechos
de las víctimas y facilitarles el acceso a la justicia para que puedan
recuperarse del daño sufrido, no ponerse en contra de ellas para obstaculizar
su reparación”, expresaron las organizaciones acompañantes.
Dorado añade que en este momento, están a la espera de que
se resuelvan los recursos interpuestos ante la sentencia, pues algunas de las
autoridades responsables señaladas –la gobernadora constitucional de Chihuahua
y los servicios de salud del estado– también lo hicieron.
“Eso sí lo esperábamos, las autoridades siempre interponen
este tipo de recursos porque se niegan al cumplimiento y a aceptar que violaron
derechos humanos, pero esto no se espera de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, porque su razón de ser es esa: proteger a las víctimas y garantizar
una reparación integral del daño”, remarca Dorado.
Además de lo ordenado a las comisiones de atención a
víctimas, la sentencia pide a la gobernadora del estado que ordene a las
dependencias e instituciones de salud a su cargo, en especial a Servicios de
Salud de Chihuahua, que brinden el servicio médico de urgencia de aborto por
violación conforme a la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana
NOM-046-SSA2-2005, que contiene los criterios para la prevención y atención de
violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
“Vigile que las dependencias a su cargo brinden el servicio
médico de urgencia de aborto de manera posible, disponible, segura y
accesible”, añade el documento.
Esta sentencia, así como la postura de la CEAV de
contravenirla, son particularmente relevantes en un contexto general en la
entidad en el que hay mucha resistencia para otorgar el acceso al aborto,
incluso cuando es por violencia sexual. Por ello, con frecuencia las víctimas
se ven obligadas a interponer amparos, aunque la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha establecido en múltiples ocasiones que no se puede criminalizar a
las mujeres.
Lo anterior incluso pese a que a principios de este año, la
Corte emitió una sentencia relacionada específicamente con el estado de
Chihuahua, en la que determinó la invalidez, con efectos generales, de parte de
los artículos 143 y 146, que regulan la prohibición absoluta del aborto
voluntario y los requisitos para acceder al aborto en caso de violación.
“No se ha podido tener un acceso digno en ninguna
institución pública, y sabemos que en este gobierno conservador que hay, y que
se niega a cumplir con las sentencias de la Corte para garantizar el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos, en este caso del aborto voluntario es un
panorama muy complejo que nos deja mucho que desear de las autoridades con su
actuar completamente ilegal y violatorio de los derechos humanos”, sostiene
Dorado.
En el caso de la comisión estatal de víctimas de Chihuahua,
aclara, sí hubo una disposición inmediata a cumplir la sentencia y ponerse en
contacto con la adolescente, lo que debió haber hecho del mismo modo la CEAV.
Sin embargo, debido a los recursos interpuestos, será necesario esperar a que
sean resueltos y haya una sentencia ejecutoria, para que se lleve a cabo la
reparación del daño, que actualmente obstaculiza la dependencia federal.
Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a
julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas
Nueve mujeres fueron asesinadas diariamente en el país, de
enero a julio de este año, la mayoría de ellas en Guanajuato, según cifras del
reporte de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En dicho periodo suman un total absoluto de mil 855 víctimas
mujeres de homicidio doloso, distinto al feminicidio, de las cuales el 35.1% se
concentran en tres estados.
Guanajuato encabeza la lista con 224 mujeres asesinadas en
esa entidad de enero a julio, de acuerdo con el reporte mensual elaborado a
partir de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o
procuradurías estatales.
Le siguen Baja California, 117; Estado de México, 107;
Michoacán, 78; Jalisco, 77; Chihuahua, 71; Guerrero, 70; Nuevo León, 53;
Sonora, 51; Veracruz, 51; Colima, 49; Morelos, 47; Ciudad de México, 44.
La mayoría de las mujeres asesinadas tenían 18 años o más.
En tanto, Colima mantiene el primer lugar de asesinatos con una tasa de 12
víctimas por cada 100 mil habitantes.
Según el reporte, en julio pasado se registraron 193
víctimas mujeres de homicidio doloso en el país, una de las cifras más bajas
del año.
Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum,
el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch,
aseguró que en las últimas dos semanas han sido detenidas más de mil personas
por delitos de alto impacto, y se han asegurado 381 armas de fuego y casi 20
toneladas de droga, además de inhabilitar 61 laboratorios para la producción de
drogas.