“No podemos banalizar la violencia política de género”:
Anayeli Muñoz, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento
La diputada federal Anayeli Muñoz, coordinadora nacional de
Mujeres en Movimiento, encabezó el Taller de Violencia Política de Género
realizado en Toluca, Estado de México, donde destacó la importancia de
reconocer y combatir la violencia política de género en México.
Ante más de 300 mujeres reunidas en el hotel Radisson del
rey Toluca, Anayeli Muñoz destacó la importancia de reconocer qué es violencia
política de género y qué no. “No todo lo que se dice en el debate político es
violencia política de género, pero sí hay casos muy graves que requieren
nuestra atención y acción”, señaló. La líder de Mujeres en Movimiento reconoció
el avance en la lucha contra violencia política de género, pero aún hay mucho
camino por recorrer. “Hemos avanzado en reconocerla, hemos avanzado en
mecanismos legales, para detectarla y denunciarla”.
Anayeli Muñoz señaló que es fundamental que las mujeres en
puestos de toma de decisiones, como regidoras, alcaldesas y diputadas, no
olviden que siguen enfrentando muchas diferencias por el hecho de ser mujeres.
La diputada Anayeli Muñoz hizo un llamado a trabajar en una agenda de igualdad,
libre de violencia de género, por las niñas y mujeres de México. “Hagan campaña
libre de violencia, libres de estereotipos, libres de comentarios machistas o
sexistas”, exhortó.
La diputada Anayeli Muñoz concluyó su discurso enfatizando
que “no dejaremos de levantar la voz” contra la violencia política de género.
“Trabajemos juntas para desarrollar una política libre de violencia y construir
una sociedad más justa y equitativa para todas”, finalizó. Al taller que fue
impartido por las ponentes Georgina de la Fuente y Angie Contreras, acudieron
la diputada federal Laura Hernández, la coordinadora estatal Juanita Bonilla y
la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Liz Nava.
https://www.elarsenal.net/?p=1215472
Aborto y cuidados
El trabajo de cuidados y el derecho a decidir están
conectados. Poder decidir de manera libre y autónoma sobre la propia
reproducción está condicionado por la disponibilidad de tiempo, apoyo y
recursos para cuidar. Si las responsabilidades de cuidado recaen principalmente
en las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, y se llevan a cabo sin
remuneración ni reconocimiento social, se convierten en una carga
desproporcionada que tiene un impacto directo en sus posibilidades de elegir
con plena libertad sobre su vida reproductiva.
Cuando esta situación se da en un contexto donde, además, el
derecho a decidir no está garantizado y quienes interrumpen su embarazo son
perseguidas penalmente, el trabajo de cuidados se convierte en una labor
impuesta. En este sentido, el acceso al aborto legal y seguro permite que las
decisiones sobre cuándo y en qué circunstancias asumir las responsabilidades de
cuidado se tomen también en condiciones de mayor libertad y no como resultado
de limitaciones estructurales. Por ello, cuando se garantiza el derecho a
decidir sobre la reproducción, se crean condiciones que favorecen el ejercicio
del cuidado.
Históricamente, el trabajo de cuidados, al igual que la
maternidad, se ha considerado un destino inevitable de las mujeres,
independientemente de sus deseos o circunstancias; al darse por sentado que
todas serán madres y, por lo tanto, cuidadoras, se pasa por alto la necesidad
de apoyo o recursos que ello implica. Esto hace que el trabajo de cuidados se
vuelva invisible y no se reconozca como trabajo real, sino una actividad
“natural” que se realiza por deber y por afecto.
Como consecuencia, se niega el derecho al cuidado y se
limita la autonomía reproductiva: muchas mujeres y personas con capacidad de
gestar se ven presionadas a no tener hijxs porque saben que no tendrán el apoyo
necesario y esta decisión de no ser madres tampoco es completamente libre, es
decir, está condicionada por la falta de sistemas que permitan ejercer la
maternidad en circunstancias adecuadas, por ejemplo, con acceso a estancias
infantiles, licencias parentales o servicios de salud. Sin todo esto, no pueden
elegir con libertad si tener hijes o no, pues no existen condiciones para ello.
Por otra parte, si no se puede decidir sobre cuándo asumir
las responsabilidades de cuidado, se perpetúa la desigualdad estructural. Sólo
quienes se encuentran en lugares donde el aborto está despenalizado tienen
posibilidades de tomar decisiones libres respecto a la vida reproductiva y, por
lo tanto, al trabajo de cuidados; pero quienes viven donde el aborto aún se
castiga penalmente, tienen que enfrentar maternidades no elegidas y cargas de
cuidados impuestas, lo cual se exacerba en contextos de pobreza y marginación.
En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, que tiene como tema central la sociedad del cuidado
y cuya sede será México, visibilizar la relación entre el derecho a decidir y
el derecho al cuidado es fundamental para lograr la despenalización del aborto
en todo el país y el pleno acceso a servicios, así como para abonar a la
construcción de redes de cuidado y acompañamiento a mujeres y personas con
capacidad de gestar.
Impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género
sólo será posible a partir del reconocimiento de que el trabajo de cuidados,
esencial para el sostenimiento de la vida, está vinculado al derecho a decidir
cuándo y en qué circunstancias asumir las responsabilidades de cuidado. Esto
significa, por un lado, garantizar el acceso al aborto legal y seguro para que
todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan tomar decisiones
reproductivas en completa libertad; por otro lado, crear las condiciones para
que los cuidados dejen de ser una carga desproporcionada para ellas y que
existan los recursos necesarios para realizar esta labor de manera
corresponsable.
https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/punto-gire/aborto-y-cuidados
Buscar, cuidar y sobrevivir: la triple labor de las
mujeres buscadoras de desaparecidos en México
Aunque su familia teme que en México la desaparezcan, Mary
Martínez, una madre buscadora hondureña, regresa cada vez que puede para buscar
a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, -desaparecido en 2013-, mientras carga
con la triple jornada de ser buscadora, además de cuidadora y proveedora de su
hogar, frente al abandono del Estado.
“A ellos les da miedo lo que pasa aquí en México (…) que
desaparecen a las madres y eso se difunde por todos lados”, señaló Martínez,
integrante del colectivo Comité Amor y Fe.
Como ella, muchas mujeres asumen la labor que le corresponde
al Estado de buscar a sus familiares desaparecidos, al tiempo que lidian con la
responsabilidad de cuidar y sostener su hogar, de acuerdo con el informe
“Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres
buscadoras en México”, de Amnistía Internacional (AI). Nueve de cada 10
personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México son mujeres, de
acuerdo con AI, que desde 2011 registraron la desaparición de al menos cinco y
el asesinato de 16 buscadoras en el país.
En su última visita a México, Martínez compartió que le
resultó difícil dejar en Tegucigalpa a su hija y a sus nietas, con quienes vive
y se quedaron preocupadas por los riesgos de su viaje, además de que ella cuida
a las niñas para que su hija pueda trabajar.
“Pero hija, le digo, no puedo dejar de hacerlo porque si
fueras vos la que estuvieras desaparecida, yo lo haría (…) Y a mí me hace falta
mi hijo y lo voy a seguir buscando”, contó Mary, quien desde la muerte de su
esposo hace tres años, se mantiene sola y sostiene su hogar vendiendo trampas
para cazar ratones.
Cada que Mary vuelve a México, también carga con las
fotografías de otros desaparecidos centroamericanos para difundirlas y “ser la
voz de todas esas madres que están esperando una noticia de su hijo” y no
pueden trasladarse al país. “Porque esa incertidumbre, a nosotras las madres, a
las familias que tenemos un hijo desaparecido, nos está matando (…) Nos está
trayendo muchas enfermedades como la hipertensión, el azúcar (diabetes), el
olvido en nuestra mente”, relató Mary. AI advirtió que el 97% de 661 mujeres
buscadoras encuestadas enfrentaron violencia y afectaciones físicas,
emocionales, sociales y económicas, en el marco de sus labores de búsqueda, que
van desde enfermedades crónicas hasta empobrecimiento y desplazamiento forzado,
entre otras.
Migrantes y comunidades indígenas también son parte de la
búsqueda de desaparecidos
Además, AI identificó que las buscadoras de personas
migrantes y pertenecientes a pueblos indígenas enfrentan discriminación
estructural e interseccional que dificulta su acceso a autoridades y servicios,
debido a barreras como el idioma, la nacionalidad y requisitos migratorios, lo
que agrava la violación de sus derechos humanos.
Beatriz Zapoteco, fundadora del colectivo “Buscando Justicia
por los Nuestros”, que agrupa a más de 20 mujeres indígenas del estado de
Guerrero, recapituló que fue tanta la inacción de las autoridades tras la
desaparición de su esposo Santiago Tixteco Cosme en 2016, que decidió estudiar
Derecho por su cuenta para comprender el sistema de justicia.
“Mi vida cambió mucho. Yo era muy dedicada a mi familia, a
mi hogar, a mis hijos (…) y ahora tengo doble trabajo y a veces hasta triple
porque tenemos que encontrarlo como sea”, relató Zapoteco. También señaló que,
como mujeres indígenas, la búsqueda se les complica “en todos los ámbitos”,
especialmente por la lejanía de sus comunidades con la capital, Chilpancingo,
donde deben hacer denuncias y trámites. Martínez resaltó que para los
familiares de personas migrantes desaparecidas los obstáculos se intensifican
al no poder desplazarse a México, y recordó que hubo un tiempo en que las
autoridades repatriaban tierra o bolsas de ropa, por lo que ahora “las madres
abren los ataúdes para verificar si va el cuerpo ahí”.
México acumula más de 130,000 personas desaparecidas, de
acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de
1950. No obstante, las cifras oficiales solo reportan 267 personas migrantes
desaparecidas en México, por lo que Amnistía Internacional alertó de un
“importante subregistro”.
¿Cómo llega América Latina y el Caribe a la XVI
Conferencia Regional de la Mujer?
De cara a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, que
tendrá lugar en la Ciudad de México, el panorama regional se presenta adverso
porque los compromisos asumidos en la edición anterior, celebrada en Argentina
en 2022, no se han cumplido, lo que mantiene una brecha significativa en la
atención a los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe.
Dentro de la XV conferencia, se pactaron 54 acuerdos en
torno a ejes prioritarios como sistemas de cuidados, erradicación de la
pobreza, cambio climático, servicios de salud, violencia contra las mujeres,
migración y protección a mujeres defensoras, no obstante, en aras de la próxima
conferencia, llegamos con acuerdos pendientes y obligaciones incumplidas.
La sociedad de cuidados fue la problemática más destacada en
las recomendaciones. De los 54 acuerdos, 13 se centraron en este tema,
subrayando la urgencia de reconocer los cuidados como un derecho humano y de
corregir la injusta distribución del tiempo, que recae principalmente en las
mujeres. Ante este panorama, los países se comprometieron a crear mecanismos y
planes para el desarrollo de sistemas integrales de cuidado, así como a
implementar medidas para superar la división sexual del trabajo.
Sin embargo, estos acuerdos no se han materializado y las
tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres. De acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 el 27% de las
mujeres ocupadas trabajaba en sectores vinculados a la economía del cuidado,
frente a apenas 6% de los hombres. Para 2025, las mujeres realizan más de dos
tercios del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, dedicando entre 12%
y 24.2% de su tiempo diario, mientras que los hombres solo destinan entre 3% y
12.5%.
El contexto demográfico agrava la situación, pues en 2024,
la CEPAL estimó que más de 95 millones de personas mayores de 60 años viven en
la región (14,3% de la población), y para 2050 se proyecta que representen el
25%. Este rápido envejecimiento incrementa las necesidades de cuidado a largo
plazo, sobre todo entre mayores de 80 años, muchas de ellas sin protección
social. En materia de pobreza, los países miembros se comprometieron a promover
estrategias interseccionales que respondieran a las necesidades específicas de
las mujeres, con atención especial a la feminización de la pobreza, y a evitar
recortes en programas sociales que pudieran agravarla.
La realidad actual refleja la brecha. pues la mitad de las
mujeres en América Latina y el Caribe permanece fuera del mercado laboral,
frente a una participación masculina cercana al 75%. Además, por cada 100
hombres en situación de pobreza hay 118 mujeres, y en pobreza extrema, 120.
Esta desigualdad se profundiza entre mujeres indígenas, afrodescendientes y
rurales.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, los Estados
acordaron crear servicios integrales de prevención y atención, implementar
planes multisectoriales, generar estadísticas confiables y fomentar cooperación
regional y multilateral. Aun así, la violencia persiste. Según la CEPAL, en
2023 se registraron 3 mil 897 feminicidios en 27 países de América Latina y el
Caribe, lo que equivale a 11 asesinatos diarios. Más del 65% de estos crímenes
fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima.
En el eje de migración, los acuerdos plantean eliminar las
condiciones estructurales de vulnerabilidad que enfrentan mujeres y niñas en el
ciclo migratorio, incluida la trata y el tráfico de personas. La realidad es
distinta: los flujos migratorios aumentaron y las políticas se endurecieron.
Solo en 2023, la UNICEF (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
reportó mil 094 muertes de personas migrantes en el continente, de las cuales
14% correspondieron a mujeres, mientras que el 41% permanece sin identificar.
Además, la presencia de niñas, niños y adolescentes en los
flujos migratorios ha incrementado, ya sea que viajen acompañados o solos. Tan
solo en Proyecto Migrantes Desaparecidos de la International Organization for
Migration (OIM), establecen que de enero de 2024 a junio del mismo año se
reportaron 782 personas migrantes fallecidas o desaparecidas en la frontera de
México-Estados Unidos, de los cuales 40 fueron niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, los países se comprometieron a proteger a las
mujeres defensoras de derechos humanos, en especial a quienes resguardan el
territorio y el medio ambiente, y a fortalecer las organizaciones donde
participan. Sin embargo, el informe “La tierra, para quienes la trabajan y la
defienden” de IM-Defensoras (2024) advierte que entre 2012 y 2024 se
registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras ambientales.
México, Honduras, Nicaragua y El Salvador figuran como los países más peligrosos
para estas mujeres.
Respecto del año anterior se reportó un incremento de 11% en
el número de agresiones, causado principalmente por el aumento en el ámbito
digital documentadas en El Salvador y Nicaragua. Casi la mitad de los agresores
identificados (42%) fueron actores vinculados al Estado: autoridades públicas,
policiales o militares; que actuaron muchas veces para proteger intereses de
grupos de poder privados.
En cuanto a la mitigación de cambio climático, se propuso
integrar perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad en las
políticas, iniciativas y programas nacionales ambientales, además de apoyar a
promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas al
medio ambiente y a la reducción del riesgo de desastres.
No obstante, de acuerdo con el Centro Global de la Movilidad
Climática, las mujeres continúan siendo el grupo más afectado por el colapso
ambiental, debido a políticas que no ofrecen soluciones reales. Este
desequilibrio es reflejo de un sistema patriarcal que también se evidencia en
la falta de representatividad. Un ejemplo claro fue la conferencia de la COP‑29,
celebrada en noviembre de 2024, cuyo comité organizador inicial estuvo
compuesto únicamente por hombres; la integración solo cambió ante la presión
internacional.
En otro eje, se había acordado apoyar activamente la
participación de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, sin
embargo, la realidad se ha alejado de ese objetivo. De acuerdo con Fondo
Semillas, el avance de la ultraderecha en diversos países, impulsado por
gobiernos con políticas conservadoras, ha generado incertidumbre entre las
organizaciones defensoras de los derechos humanos. En los últimos meses, estas
han reportado recortes presupuestales y retrocesos que ponen en riesgo tanto
sus labores como los avances alcanzados en la protección de niñas, adolescentes
y mujeres.
Asimismo, se instó a promover políticas públicas
intersectoriales que fomenten la participación, permanencia y culminación de la
educación de niñas, adolescentes y mujeres en áreas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM). Pese a que en América Latina y el Caribe se
han logrado ciertos avances, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) señala que solo el 41 % de las personas graduadas en STEM son
mujeres, lo que evidencia que la paridad educativa aún está lejos de alcanzarse.
Esta desigualdad se intensifica en el ámbito laboral, donde,
en promedio, las mujeres solo ocupan el 28 % de los puestos en ciencia e
ingeniería a nivel mundial. Además, su presencia se concentra principalmente en
sectores vinculados al cuidado y los servicios de salud, donde representan más
del 70 % de la fuerza laboral. A una semana de la Conferencia Regional de la
Mujer que se llevará a cabo dentro de territorio mexicano, la deuda con las
mujeres sigue latente, pues pese los acuerdos pactados desde hace tres años,
los avances han sido mínimos, por lo que evidencia el nulo compromiso de los
Estados parte en transformar la realidad de las mujeres dentro de la Región.
Grupos de feministas mexicanas denuncian exclusión de
voces para la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe
Diversas organizaciones y colectivos feministas de México
han emitido un comunicado conjunto dirigido a António Guterres, Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para expresar su
profunda preocupación e indignación por lo que consideran un acto de censura
ideológica y exclusión en la convocatoria al foro alterno de la XVI Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
La conferencia, que se celebrará en México del 11 al 15 de
agosto, abordará temas fundamentales para la región, como el sistema de
cuidados y la desigualdad estructural. Sin embargo, los grupos firmantes, que
incluyen al Frente Feminista Nacional, Mujeres Guerrerenses por la Democracia
A.C., el Movimiento Feminista de Lesbianas Abolicionistas Mexicano, y Las
Constituyentes Mx Feministas, han denunciado que la convocatoria emitida por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres
excluye de manera explícita a aquellas feministas que no están a favor de la
legalización de la «explotación sexual», a quienes se refieren en el documento
como «trabajo sexual», y a aquellas que no comparten las demandas de «las
personas trans».
Los colectivos señalan que esta exclusión niega el registro a foros de organizaciones que han participado activamente durante décadas en la defensa de los derechos de las mujeres. Afirman que este acto contraviene el compromiso histórico de la ONU con la inclusión y el respeto a la libertad de expresión, principios fundamentales que deben ser protegidos y garantizados. En el comunicado, los grupos feministas recuerdan que, en 2019, la directora ejecutiva de ONU Mujeres aseguró que la organización no adopta una posición a favor o en contra de la despenalización/legalización de la prostitución. Sin embargo, la convocatoria actual, argumentan, contradice este compromiso y promueve lo contrario a lo establecido en el Artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Por todo lo anterior, los colectivos solicitan la
«intervención inmediata» del Secretario General de la ONU para detener lo que
califican como graves violaciones a los derechos humanos. Exigen que se retire
el criterio discriminatorio de la convocatoria y se garantice el acceso a todas
las voces del movimiento feminista, asegurando un foro verdaderamente inclusivo
y respetuoso de los principios democráticos y los derechos de las mujeres.
Violencia Política
‘Dato protegido’: ¿Sanciones vulneran la libertad de
expresión o castigan violencia política?
Desde que la Cuarta Transformación llegó a la Presidencia de
México, las y los funcionarios se han visto envueltos en polémicas, sobre todo
desde que ciudadanos y medios de comunicación han señalado directamente sus
errores o fallas, pues cada vez más hacen uso discrecional de figuras legales
para sancionar. Y es que lo antes era debate, hoy puede ser considerado como
“violencia política en razón de género” o “incitación al odio”.
Aunque muchas de estas sanciones se justifican legalmente en
la protección contra violencia de género o defensa del honor, opiniones de
expertos consultados por Nación321 señalan que en algunos casos hay “un exceso
en el abuso del poder”.
UN POCO DE CONTEXTO
En 2020, hubo una serie de reformas en la Ley de Medios de
Impugnación, que refiere a delitos electorales; así como en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Partidos
Políticos y de la de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este sentido, se creó un marco normativo, especialmente
para proteger a las mujeres que incursionaban en la política y que víctimas de
cualquier tipo de violencias, sobre todo cuando se trataba de señalamientos que
debilitaban su trabajo como candidatas o funcionarias en cualquier nivel de
gobierno. En este sentido, Lorena Vázquez, profesora investigadora del Iteso y
de la Universidad Jesuita de Guadalajara, mencionó que el mecanismo que se
aprobó en abril de 2020 para visibilizar y sancionar la violencia política en
razón de género se ha robustecido en estos cinco años; sin embargo, en algunos
casos, se ha usado la ley “como un exceso de poder”.
“El marco normativo es tan fuerte que los actores políticos,
lo usan estratégicamente…Pero también los magistrados y magistradas, se puede
comprobar empíricamente, que a veces deciden de una manera y a veces de otra…
actúan como actores políticos y a veces deciden de acuerdo con intereses
políticos”.
CASOS MÁS POLÉMICOS
Entre los casos que más han causado polémica podemos
encontrar el del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien pidió al
abogado Carlos Vázquez de León Obregón, quien agredió al morenista en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en 2024.
Además de una carta que el ciudadano le envió a Noroña,
también se disculpó durante una conferencia de prensa en el Senado y fue
transmitida en vivo. Otro, fue el de la diputada del Partido del Trabajo (PT),
Diana Karina Barreras, quien sí presentó su denuncia ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violencia política en razón de
generó en contra de la ciudadana Karla Estrella.
El TEPJF determinó que la mujer sí incurrió en dicho delito,
por lo que ordenó que ofreciera disculpas en sus redes sociales por 30 días,
además de que fue incluida en Sistema de Personas Agresoras.
También, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores,
presentó una queja en contra del periodista Jorge Luis González Valdez, a quien
acusó de infundir odio a través del contenido que hablaba de ella. Una jueza
ordenó al comunicador que dejara de publicar contenido sobre la mandataria
estatal, el pago de una multa monetaria y que González Valdez esté acompañado
por un “censor oficial” cuando participe en programas de medios.
¿EXCESO DE PODER?
La experta del Iteso mencionó que la denuncias que presentan
las y los funcionarios es porque “son actores que sí tienen recursos a su
disposición; es decir, las reglas del juego, o sea, es tener esas herramientas que,
si las quieres, las usas… Eso es parte incluso de ser institucionalista”.
“Si tú tienes un marco normativo que te permite judicializar
ciertas cosas y tienes recursos para judicializar, estás en todo tu derecho y
los actores pues tienen ese derecho, siempre y cuando sea por las vías
institucionales”, acotó. Mencionó que “incluso, esto es un indicador de
institucionalidad que conozcas las reglas, que uses las reglas en el marco
institucional”.
Por su parte, el Maestro Gerson Hernández Macalco, Académico
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que hay un
“poder desproporcionado” en las denuncias por parte de funcionarios en contra
de ciudadanos y periodistas que los han criticado o han exhibido alguna falla
en su desempeño.
Agregó que “estamos hablando que un senador, un diputado,
una diputada federal, un gobernador, una gobernadora, están empleando estas
herramientas en las cuales repito, es un poder desproporcionado”, sentenció.
Javier Rosiles Salas, profesor e investigador en la UCEMICH,
y especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental,
consideró que es vergonzoso que funcionarios y autoridades públicas estén
teniendo esos excesos en contra de ciudadanos” “Y es peor porque se utiliza el
argumento este de dato protegido, como si lo que se protegiera con esto fueran
las reputaciones de estos funcionarios y políticos”. “Me parece que hay una
confusión tremenda en el uso de este concepto…yo diría que tienen que estar
sometidos al escrutinio público, pues deben, yo no diría que hace aceptar las
críticas, no diría que acostumbrarse, pero sí tienen que aceptarlas”.
El experto consideró que “quien quiera ser un político debe
entender que debe aceptar las críticas, evidentemente habrá algunos límites,
¿verdad? Pero yo hasta este momento, estas críticas me parecen fundadas y me
parece que sí es realmente vergonzoso lo que estamos viendo contra esas
personas”, señaló.
“LINCHAMIENTO MEDIÁTICO”
Gerson Hernández mencionó que las críticas también son parte
de un exceso, pues en redes sociales se puede caer en un “linchamiento
mediático”. “Hay excesos por parte de la población y sí diría que hay casos en
los cuales sí se vulnera la libertad de expresión por parte de las personas,
pero que también, pues hay veces un análisis desmedido de que todo ya es
vulnerable a la libertad de expresión”.
Sin embargo, acotó que en las sanciones “hay un exceso en
cómo pedir perdón a una persona como si fueran planas”. Indicó que “hay una
tendencia muy marcada desde el inicio del gobierno, en donde sí hay excesos,
también hay que decirlo, por parte de diferentes líderes de opinión, por parte
de diferentes medios de información en los estados, donde uno no sabe si
realmente es un medio o es un portal”.
Los expertos consultados coincidieron en que, a partir del 1
de septiembre, cuando rindan protesta las y los nuevos integrantes del Poder
Judicial, las denuncias por críticas de parte de la ciudadanía a funcionarios
serán más frecuentes y las sanciones podrían no favorecer a la población o a la
prensa.
“A partir del 1 de septiembre, en todo el país, va a haber
cambio del Poder Judicial. Entonces, el hecho de que haya nuevos jueces o haya
nuevos ministros, haya un nuevo aparato judicial, me parece que no nos da
buenos ánimos y yo no estoy de acuerdo en que personas, que como les dicen son
del pueblo, van a tener mejores criterios para juzgar”, mencionó Rosiles.
Organizaciones como Artículo 19 advierten que este mecanismo se está utilizando
como censura indirecta. En su más reciente informe, reveló que durante 2024 se
registraron al menos 21 casos de censura judicial contra ciudadanos o
periodistas, y en lo que va de 2025 ya suman seis más.
Teoloyucan: violencia como política pública
Otra vez, Luis Domingo Zenteno. El presidente municipal de
Teoloyucan no sólo parece desconocer los límites legales de su cargo, sino
también los territoriales: actúa dentro y fuera de su municipio con atropellos…
y a balazos. Este fin de semana intervino de manera violenta en territorio de
Cuautitlán.
Todo comenzó con la clausura administrativa, que el gobierno
de Cuautitlán hizo a un predio donde se construye un Centro de Distribución
Buró Logistik (CEDIS), ubicado junto a la estación del tren suburbano. La
alcaldesa Juanita Carrillo advirtió que dicho desarrollo fue inhabilitado por
presentar anomalías en sus permisos, derivadas de presuntos actos de
corrupción, además de representar un grave riesgo a la movilidad y seguridad de
más de 100 mil personas que transitan por la zona. La empresa ya había sido
sancionada por Protección Civil.
Minutos después de la clausura, Zenteno llegó con su cabildo y funcionarios, dispuesto a tomar el control de una propiedad que no le pertenece ni le corresponde. Su incursión incluyó detenciones arbitrarias, agresiones físicas y verbales, y disparos de arma de fuego que dejaron a policías cuautitlenses con fracturas. Puso en riesgo incluso a la presidenta municipal Juanita Carrillo. A Luis Domingo ya se le conoce por su estilo bronco, por preferir el enfrentamiento antes que el diálogo, dentro y fuera de su despacho. Pero esta vez cruzó una línea muy peligrosa. Y si así actúa en público, con testigos y cámaras, ¿Cómo será cuando no hay reflectores?
Como era de esperarse, las reacciones no tardaron. Me
confirman que en el Congreso del Estado de México ya se discute la necesidad de
intervenir. No por cálculo político, sino para garantizar la protección y
seguridad de los vecinos de Cuautitlán, cuyas garantías han sido vulneradas
sistemáticamente. Y también para blindar a la presidenta municipal, quien ha
sido blanco de amenazas, violencia institucional y ahora, literal, fuego
cruzado.
Carrillo ha mantenido la calma. No ha caído en
provocaciones, a pesar de que su vecino ha emprendido acciones no solo
violentas, sino también misóginas y machistas en su contra, uno más de los
ejemplos de prepotencia utilizada con el poder como arma.
En corto.- En Veracruz no salen de una cuando ya tienen
otra. Mientras la gobernadora Rocío Nahle minimiza el asesinato de la maestra
jubilada Irma Hernández, en manos del crimen, ahora estalla un motín en el
Cereso de Tuxpan. Internos incendiaron instalaciones, se enfrentaron a
elementos de seguridad y exigieron presencia de medios. Hubo heridos, tensión y
un penal que ya venía marcado por violencia: en junio asesinaron a su ex
director, y hace apenas una semana, un custodio fue secuestrado. El sistema penitenciario
en llamas… y el gobierno, ausente, rebasado.
Oaxaca, cuarto lugar en violencia política
Durante el primer semestre del 2025, a nivel nacional se
documentaron al menos 253 hechos de violencia política, desde asesinatos,
amenazas, atentados, secuestros y desapariciones de actores políticos. De
acuerdo con datos del Reporte Semestral correspondiente de enero a junio de
2025 de “Violencia Política en México” de la consultoría Integralia, Veracruz
fue el estado que concentró más eventos de violencia política, en el marco de
las elecciones municipales, se contabilizaron 81 casos.
Le siguen los estados de Guerrero con 24 casos, después
Morelos con 21 y Oaxaca en cuarto lugar con 20, por lo que estas entidades
mantuvieron altos niveles de violencia sin elecciones locales. De los 253
hechos que se registraron en todo el país, 112 fueron asesinatos, 74 amenazas,
33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis
correspondientes a otros delitos menores como robos en 29 de 32 entidades del
país.
El reporte refiere que, en los casos de homicidios, se
focalizaron en el centro y sur del país, en estados con fuerte fragmentación
del crimen organizado. Guerrero, Veracruz y Oaxaca encabezan la lista nacional
con 21, 16 y 13 casos respectivamente. Por partido político, Morena fue también
el que más víctimas tuvo con 39.
En el contexto nacional, la violencia fue más intensa a
nivel municipal: la mayoría de las víctimas que correspondieron el 79% fueron
figuras políticas como funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a algún cargo
a nivel municipal. En la entidad oaxaqueña, destaca el asesinato de la
presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, ocurrido
durante el mes de junio cuando un comando armado ingresó al Palacio Municipal
para privarla de la vida.
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/oaxaca-cuarto-lugar-en-violencia-politica/
Bancada Naranja. Cámara de Diputadas y Diputados /
Senadoras y Senadores
¡Es oficial! CDMX declara al árbol 'Laureano' como
Patrimonio Natural
El Gobierno local publicó este 4 de agosto en la Gaceta
Oficial de la capital el decreto por el que se declara que el árbol “Laureano” es
oficialmente Patrimonio Natural de la Ciudad de México, luego de casi dos meses
de lucha vecinal y cabildeo con las autoridades.
"Se declara como Patrimonio Natural de la Ciudad de
México al árbol conocido como "Laureano", el cual se encuentra
ubicado en la esquina de la calle Miguel Laurent 48 y calle Fresas, colonia
Tlacoquemécatl del Valle, en la demarcación territorial Benito Juárez en la
Ciudad de México", se lee en el documento oficial.
En dicho decreto, las autoridades locales reconocen las
características físicas del ejemplar, así como la importancia que tiene para el
entorno y para una cultura ciudadana a favor del medio ambiente. Asimismo, se
puntualiza que la protección del árbol “Laureano” se apegará a lo establecido
en el Plan de Manejo concertado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema),
en conjunto con la Secretaría de Cultura y las personas promoventes de la
declaratoria, los poseedores del bien y las demás instituciones que el Plan
mencionado señale.
Cabe recordar que a inicios de junio, los habitantes de la
alcaldía Benito Juárez buscaron amparar al árbol de laurel de la India de más
de cien años de edad de la tala indiscriminada de la industria inmobiliaria.
“Laureano”, como fue bautizado, estaba siendo amenazado por la empresa Núcleo
Urbano, la cual, aseguraron los vecinos, tenía intenciones de derribar al
laurel y a otro árbol en las cercanías del predio de Miguel Laurent 48.
Posteriormente la Sedema informó que esto no había sido
autorizado, y la situación derivó en resistencia vecinal, intervención de
diputados locales y federales, así como del Gobierno local para que, tras dos
meses, la administración que encabeza Clara Brugada publicara el decreto que
oficializa a “Laureano” como Patrimonio Natural de la Ciudad de México.
Movimiento Ciudadano: Reforma electoral no debe venir
desde el Ejecutivo ni del partido en el poder
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado,
Clemente Castañeda, advirtió que una reforma electoral no puede ni debe venir
desde el Poder Ejecutivo y el partido oficialista, ya que su objetivo siempre
será mantener el poder.
A través de sus redes sociales, el senador del partido
naranja destacó que, en todo caso, una reforma de este tipo debería surgir
desde el Legislativo, que es el espacio propicio para discutirlo, las minorías
y la sociedad civil. Clemente Castañeda agregó que una reforma que no atienda
el problema de la violencia electoral, así como la intromisión del crimen
organizado en los procesos electorales, no tiene razón de ser.
Agregó que la reforma electoral debe también tener el
objetivo de respetar y ampliar el pluralismo político, no desaparecerlo. No
obstante, el senador por Movimiento Ciudadano reconoció que aún falta conocer
el planteamiento de la comisión para la reforma electoral, así como a sus
integrantes, sus objetivos, su calendario y agenda. Indicó que, hasta entonces,
se podrá conocer hacia dónde apunta el verdadero interés que hay detrás de la
reforma.
NUEVA COORDINADORA DE LA BANCADA NARANJA EN NUEVO LEÓN
LA NOTICIAS DE HOY 28/08/2025
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GLOSARIO FEMINISTA
