La senadora Patricia Mercado presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende incorporar el derecho a la interrupción legal del embarazo para mujeres víctimas de violación sexual dentro de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y de la Ley General de Salud.
La senadora ciudadana explicó que cuando una mujer llega al Ministerio Público o a los servicios de salud como víctima de violación sexual tiene derecho a ser informada sobre la opción del aborto legal, al igual que su madre, padre o tutores en caso de ser menor de edad.
Sin embargo, esta disposición que está contenida en la NOM-046 desde el año 2009, frecuentemente no se cumple. La Norma establece los criterios mínimos que deberán observar todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la detección, prevención, orientación y atención médica que proporcionen particularmente a aquellas y aquellos que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.
“Los delitos sexuales contra niñas y adolescentes no solamente es un tema de castigar a quien comete este delito, sino que tiene consecuencias para cientos de miles de niñas y adolescentes, y una de las consecuencias es quedar embarazada producto de una violación”, dijo.
En uso de la voz, la senadora indicó que se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año; nueve de cada diez víctimas son mujeres; de ellas, cuatro de cada diez tienen menos de 15 años. A ello sumó la alarmante cifra que advierte que diariamente 34 niñas son embarazadas en hechos de violencia sexual.
México es el país de la OCDE con mayor tasa de embarazos adolescentes, pero la problemática se agrava en el segmento de niñas de 10 a 14 años, pues en el 70% de esos casos fueron embarazadas por hombres que tienen entre 18 y 78 años, indicó Patricia Mercado.
“Hace unas semanas la Suprema Corte nos dijo que es la palabra de las mujeres, en este caso de las niñas y adolescentes, acompañadas por sus madres o sus tutores, que basta esta palabra para, si así lo desean, poder interrumpir el embarazo.
El problema es que las instituciones de salud que están obligadas desde el 2009 no dan esta información”, señaló. La iniciativa tiene por objeto incorporar plenamente el contenido de la NOM 046 en la LGAMVLV y a la Ley General de Salud, en la cual pretende establecer para la Secretaría de Salud que todos los casos de violencia sexual deben tratarse como urgencias médicas de atención inmediata y se deberá garantizar a las víctimas todos los procedimientos necesarios e informarlas oportunamente sobre los mismos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia.
Asimismo, explicó que la propuesta busca garantizar a toda víctima de violencia sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, sin discriminación y con perspectiva de género.
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